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JUICIO A LOS JUECES II – CÓRDOBA

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Tarjeta amarilla el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de Córdoba integrado por Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu y Jorge Sebastián Gallino.

El TOF 2 de Córdoba dictó sentencia el 7 de diciembre de 2017 en la causa conocida como “El juicio a los jueces II, condenó a tres años de prisión e inhabilitación absoluta por el término de un año, al ex juez federal Miguen Ángel Puga y al ex fiscal federal, Antonio Cornejo, ambos condenados por encubrimiento agravado. En cambio, el ex secretario penal del Juzgado Federal 1, Carlos Otero Álvarez, y el ex defensor oficial federal, Ricardo Haro, fueron absueltos de los cargos de "incumplimiento de deberes de funcionario público".

Se trató de un juicio trascendental ya que fue el primero donde se juzgó la complicidad civil, de los funcionarios judiciales específicamente, con el Terrorismo de Estado en la provincia de Córdoba.

Los acusados fueron juzgados por 119 casos que involucran a 75 víctimas, 31 de las cuales fueron fusiladas simulando falsas fugas en la cárcel UP1 en el año 1976.  Por esos asesinatos los genocidas Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados a prisión perpetua. 

La causa tuvo varias particularidades, por lo que terminó denominándose “la causa maldita”. Hubo una enorme resistencia por parte de la familia judicial provincial en juzgar a estos ex funcionarios. Durante décadas hubo todo tipo de escollos y juez a juez se fue excusando o era recusado por amistad íntima o enemistad con sus ex colegas. Finalmente el tribunal se conformó con jueces de otras provincias y el juicio se llevó a cabo en una sala diminuta que no estaba acondicionada para este tipo de procesos.

No podemos dejar de mencionar un hecho paradójico: el ex juez Carlos Otero Álvarez, que cumplió funciones hasta el año 2009, integró el tribunal que juzgó a Menéndez en 2008. Luego de 9 años le tocó estar del otro lado del estrado en este juicio también  histórico.

Nuevamente, a partir del trabajo de la fiscalía y lxs querellantes, se demostró una vez más que miembros del Poder Judicial tuvieron un rol activo durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar que posibilitó que los crímenes de lesa humanidad pudieran ser llevados a cabo con total impunidad.

Como dijimos, se trata del primer  juzgamiento a los funcionarios judiciales en la provincia de Córdoba. Si bien hubo sólo dos condenas (a penas cortas) y dos absoluciones, pese a la enorme cantidad de prueba reunida durante el debate, implica un avance en la investigación de la complicidad civil con el genocidio luego de más de 40 años de impunidad.

Sin embargo,  la sentencia dejó un sabor amargo en las víctimas y querellantes, que ya conocían el antecedente jurisprudencial de la provincia de Mendoza (julio de 2017) en la que se condenó a los ex jueces federales Luis Miret y Rolando Carrizo, al ex fiscal federal Otilio Romano y al ex defensor oficial Guillermo Petra Recabarren, por considerarlos partícipes primarios de los delitos de privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio calificado, incumplimientos de deberes y asociación ilícita, hechos que el tribunal consideró constitutivos de crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto del delito internacional de Genocidio. En ese proceso la investigación no fue caso por caso, sino que se tuvo en cuenta  toda la trayectoria de los entonces funcionarios en el período 1975 a 1985. Las diferencias son inmensas (ver nota Tarjeta verde para el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza de esta misma sección).

 

 

 

 

 

 

 

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