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Juicio a los jueces

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Tarjeta verde para el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza, integrado por los Dres. Alejandro Piña, Raúl Fourcade, Juan Antonio González Macías y Hector Cortés.

El TOF 1 de Mendoza dictó el 26 de julio de 2017 una condena que constituye una verdadera bisagra histórica. Se trata de la causa conocida como “el juicio a los Jueces”. Constituye un hecho inédito en nuestro país, en el marco internacional también resulta trascendente, ya que su único antecedente fueron los juicios de Nuremberg (“The United States of América vs. Josef Altstötter, et al.”), celebrado luego de la Segunda Guerra Mundial contra los ex jueces nazis.

Fueron condenados a la pena máxima -  prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua- a los ex jueces federales Luis Miret y Rolando Carrizo, al ex fiscal federal Otilio Romano y al ex defensor oficial Guillermo Petra Recabarren, por considerarlos partícipes primarios de los delitos de privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio calificado, incumplimientos de deberes y asociación ilícita, hechos que el tribunal consideró constitutivos de crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto del delito internacional de Genocidio. También recibieron prisión perpetua ocho ex militares e integrantes de las fuerzas de seguridad provincial, en tanto el resto de las condenas fueron de entre 3 y 20 años de prisión. El tribunal dictó tres absoluciones.

Lo significativo de este proceso radica en que se logró dimensionar el alcance de la complicidad civil con el Terrorismo de Estado. En este caso, la pata judicial y como hecho novedoso quedó demostrado que sin la conducta activa de jueces, fiscales y defensores, los crímenes del Terrorismo de Estado y su clandestinidad no hubieran sido posibles, ya que su actuar garantizó la impunidad. Además, a diferencia de otros procesos, no se juzgaron hechos puntuales, sino toda la trayectoria de los entonces funcionarios en el período 1975 a 1985. Es decir, que a través de la prueba, se produjo una reconstrucción del obrar delictivo de los condenados a lo largo de ese período.

En su alegato, el fiscal Vega indicó que las denuncias de los crímenes del Terrorismo de Estado llegaban a los ex funcionarios judiciales por tres vías: los habeas corpus, los sumarios policiales iniciados por las denuncias de los familiares o las propias víctimas y las denuncias por torturas y otros delitos sufridos en manos de la policía formuladas por los damnificados en sede judicial al recibírseles declaración indagatoria. Pese a ello, nunca un integrante de las fuerzas armadas o de seguridad resultó siquiera indagado por estos delitos.

Durante el debate, se probó cómo las conductas activas de los jueces y los fiscales devinieron en desapariciones, y no sólo su silencio o su falta de investigación, como en un principio se les imputaba. Ello fue gracias a la labor de la fiscalía y las querellas que luego fue tomado por el tribunal en la condena. 

Una de las grandes dificultades la instrucción de la causa fue que comenzó cuando los ex funcionarios Miret y Romano aún estaban en funciones. Recién fueron destituidos de sus cargos de camaristas federales de Mendoza en 2011. A Romano la destitución lo encontró prófugo. Miret murió en el mes de septiembre de este año.

La actuación del Tribunal de Mendoza es un ejemplo a seguir para muchísimos casos en los que hubo una verdadera complicidad judicial con el terrorismo de Estado, aún quedan muchísimos casos en el país esperando justicia.

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