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Tarjeta roja para los miembros de la Sala I de la Cámara CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL (CCCF)

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Tarjeta roja para los miembros de la Sala I de la Cámara CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL (CCCF), Dres. Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia

Causa Coordinación Federal

En una de las resoluciones judiciales más peligrosas y contradictorias, el pasado 14 de noviembre de 2017, la Sala I de la CCCF, por un lado confirmó los procesamientos de Alfredo Hugo Vidal, entonces teniente de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana (conocido como Poroto Vidal, formó parte de la banda de comisarios que secuestró a Macri), el oficial Inspector Rafael Oscar Romero, subinspectores Daniel Pablo Amarillo, Miguel Olarte y Daniel Pablo Ichicovich, los cabos 1° Juan Adolfo Ríos Y Osvaldo Néstor González, y el entonces comisario inspector Alberto Mattone, para luego concluir que debían ser revocadas sus prisiones preventivas y les otorgó la libertad, aunque algunos de ellos no la hubiesen siquiera solicitado.

Los hechos por los que se encuentran procesados son tres casos de homicidios doblemente agravados por haber sido cometidos con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas.

Las víctimas del primer caso son Jorge Hugo Casoy, María Marta Carlota Imaz de Garzón Maceda de Casoy y Bernardo Levenson. Se hallaban en su hogar al momento de sus homicidios, cometidos el 18 de mayo de 1976. Se comprobó que Jorge recibió diecisiete tiros, siete de los cuales fueron en la cabeza, uno a 15 cm. del tirador; el cuerpo de María Marta tenía once orificios de bala, uno de ellos en el cráneo y Bernardo Levenson tres tiros, uno de ellos también en el cráneo con la boca del cañón apoyada. Intervino personal de del Departamento Sumarios de la Superintendencia de Seguridad Federal de la P.F.A. Entre los responsables están procesados Romero, Amarillo, Olarte, Ichicovich, Ríos y González.

El segundo hecho ocurrió el 4 de enero de 1977 y fue llevado a cabo por personal de Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la P.F.A. Asesinaron a Carlos Gabriel Federico Jeifetz y Nora Beatriz Salvarezza en su domicilio. El cuerpo de Carlos tiene siete orificios de entrada mientras que el de Nora nueve impactos, ambos fueron ejecutados, toda vez que recibieron, cada uno de ellos, un disparo en la cabeza. Los procesados son Mattone y Vidal.

El tercer suceso tuvo lugar el 17 de marzo de 1977 y fue concretado por una brigada operativa del Departamento Táctico de la Superitendencia de Seguridad Federal en la morada de Mario Lerner. Fue herido en su domicilio y arrastrado hasta el baúl de un vehículo donde falleció. Solamente se encuentra procesado por este hecho Olarte.

La Cámara, luego de afirmar que se tiene por “acreditada tanto la hipótesis delictiva investigada, como la participación y responsabilidad que les cupo a los encartados“ , comienza a efectuar una suerte de análisis sui géneris con claras intenciones de mejorar la situación procesal de los policías asesinos.

Para ello utilizan dos argumentos: 1) que los policías podían no saber la ilegalidad de los operativos y que las dependencias policiales cumplían una doble función: la lícita y la ilícita, es decir, que existía un “doble rol”.

Ese argumento se cae por sí mismo: estamos ante allanamientos ilegales y homicidios doblemente agravados, las víctimas se encontraban indefensas  en sus hogares y fueron sorprendidas por las fuerzas y asesinadas allí mismo. ¿Qué funcionario público, como  eran los imputados al momento de los hechos, no iba a conocer la ilegalidad de sus conductas? Ninguno, ni el más inexperto. Es lógico que los camaristas están reflotando algún tipo de obediencia debida, escollo que suponíamos totalmente superado.

2) Que los hechos tienen un mecanismo diferente a la generalidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Para ello afirman que “En distintos pronunciamientos sobre la materia ha quedado demostrado que la verdadera diagramación ilegal diseñada por el último gobierno de facto, en cuanto a la “lucha antisubversiva”, respondía a una estrategia de búsqueda de información centrada en el secuestro de personas, su conducción a centros clandestinos de detención y la aplicación de tormentos físicos y psíquicos para recabar nueva información. Una vez agotadas estas etapas, se decidía sobre el destino final de la persona, el cual podía abarcar varias posibilidades. Una de ellas, era aparentar un enfrentamiento entre las víctimas y las fuerzas de seguridad con el único objeto de blanquear la situación frente a la sociedad en general y los familiares en particular…”. Continúan diciendo que los presentes casos concluyeron con el homicidio de todos los habitantes de las fincas allanadas, lo que los diferencia de la estrategia que el mentado plan tenía establecida para la lucha antisubversiva, basada en el secuestro y tortura de aquellos rebeldes con la finalidad de extraerle toda la información posible que permitiera nutrir el aparato de inteligencia.”.

Realmente ello es desconocimiento de lo ocurrido en nuestro pasado reciente, ya que hubo muchos casos de víctimas asesinadas sin haber pasado por CCDT;  o es una excusa para liberar genocidas. Teniendo en cuenta la coyuntura política que nos toca vivir, nos inclinamos por la segunda hipótesis

El fallo predica todo lo contrario a lo que la lógica indica. Interpreta a favor de los genocidas y como atenuantes, las características de los hechos ya descriptos (aberrantes asesinatos de personas que se encontraban indefensas en sus domicilios), con el aparente fundamento de que no fueron llevados a cabo de manera clandestina. Más absurdo, evidente y tendencioso nunca visto. Se avasallan más de diez años de ejemplar jurisprudencia en materia de crímenes internacionales, admirada en el mundo entero.

Asimismo, implica una inconmensurable falta de respeto a la memoria de las víctimas, sus familiares y toda una sociedad que hace cuarenta años pide justicia.

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