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TARJETA ROJA para los miembros de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP)

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TARJETA ROJA para los miembros de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP)
Juan Carlos Gemigniani, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques. La Sala III de la CFCP anuló la única condena dictada contra un empresario por delitos de lesa humanidad. Se trata de Marcos Levin, entonces dueño de la Veloz del Norte, quien en marzo de 2016 había sido condenado por el Tribunal Oral Federal de Salta a la pena de 12 años de prisión por la privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos contra Víctor Manuel Cobos, empleado y representante gremial de la empresa.
Esa condena constituyó un hito en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Durante el juicio quedó demostrada la complicidad del empresario con el terrorismo de Estado, ya que aportó información sobre los trabajadores y estructura física para que fueran secuestrados.
Sin embargo, la Sala III de la CFCP, anuló la sentencia por considerar que no se habían cometido crímenes de lesa humanidad. Los argumentos son más que arbitrarios, regresivos y no tuvieron en cuenta el contexto político y social de la época de los hechos (año 1977). Implica un gravísimo retroceso en materia jurisprudencial logrado a lo largo de una lucha que ya lleva más de cuarenta años y muestra una clara intención de frenar el avance en las causas en las que se está investigando la responsabilidad civil durante la última dictadura.
También derogaron las penas que habían sido impuestas a los policías retirados Víctor Hugo Almirón, Víctor Hubo Bocos (ambos a 12 años de prisión) y Enrique Cardozo (8 años de prisión).
No podemos dejar de resaltar que la Sala III de la CFCP está integrada por Juan Carlos Gemigniani, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques. Este último juez fue Ministro de Justicia del Gobierno provincial de María Eugenia Vidal para luego ser designado a dedo por Macri (sin pasar por el correspondiente concurso) en una maniobra denunciada en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Tanto las querellas como la fiscalía interpusieron recurso extraordinario.

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