TARJETAS Roja

ESCUELITA V

Tarjeta roja para los miembros del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de Neuquén compuesto por los jueces Eugenio Krom, Orlando Coscia y Pablo Díaz Lacava

Tarjeta roja para la Sala 2 de la CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERA

Tarjeta roja para la Sala 2 de la CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL, integrada por los Dres. Eduardo Guillermo Farah y Martín Irurzun

Falsa entrevista de la Revista Para Ti, año 1979

El 22 de noviembre de 2017 la Sala 2 de la CCCF revocó por segunda vez el procesamiento de Agustín Bottinelli, jefe de redacción de la revista Para Ti  durante la última dictadura cívico militar en la causa coloquialmente conocida como “Operativo Para Ti” y dictó su falta de mérito.

Bottinelli se encuentra imputado de haber ideado, junto con los marinos que formaban los grupos de tareas de la ex ESMA, una entrevista falseada a Thelma Jara de Cabezas con la  finalidad de contrarrestar la llamada “campaña antiargentina” de los organismos de derechos humanos. En la nota se ocultó en particular su secuestro en ese CCDT y en general el genocidio que se estaba llevando a cabo en nuestro país.

Thelma fue sacada del centro clandestino por una patota liderada por el genocida Ricardo Cavallo ( condenado a prisión perpetua en el primer juicio por los delitos cometidos en la ESMA), le dieron ropas nuevas, la llevaron a una peluquería y la condujeron  a la confitería Selquet, que fue cerrada para la ocasión, donde le sacaron fotos. La supuesta entrevista se publicó en la revista Para Ti el 10 de septiembre de 1979, el mismo día que arribó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Buenos Aires, y se tituló  “Habla la madre de un subversivo muerto”.  Abarcó cuatro páginas llenas de cínicas mentiras, llegando al límite de mostrarla como a una persona en libertad, con la clara intención de engañar y ocultar los crímenes de terrorismo de Estado que se estaban cometiendo. Creemos que este fue, sin dudas, el momento más aberrante del periodismo argentino.

Jara de Cabezas fue secuestrada el 30 de abril de 1979 a metros del Hospital Español, fue conducida al CCD ESMA donde sufrió constantes torturas y permaneció en condiciones inhumanas hasta noviembre de ese año. A raíz de la desaparición de su hijo Gustavo (17 años, 10/05/1976) Thelma fue una de las fundadoras de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la primera organización de derechos humanos nacida en plena dictadura.

El inicio de la causa se produjo con la denuncia de Thelma en el año 1984. Superados los años de impunidad y tras un arduo trabajo de la querella y la fiscalía, Bottinelli fue procesado en 2014 por haber arbitrado, en su condición de jefe de redacción de la revista Para Ti de Editorial Atlánida, los medios necesarios para llevar adelante una entrevista con la Sra. Jara de Cabezas, construirla falsamente para luego publicarla valiéndose de la situación preexistente de amenaza para la vida y la integridad física, ya que desde hacía meses se hallaba privada ilegalmente de su libertad en la ESMA, circunstancias todas ellas conocidas por el periodista.

El procesamiento fue apelado por la defensa, la sala 2 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal lo revocó y dictó su falta de mérito bajo el argumento de que los elementos de prueba no alcanzaban “para arrojar luz suficiente para corroborar o desvirtuar la hipótesis en cuestión”.

Ante ello, la querella logró reunir abundante prueba a lo largo de estos años y condujo al juez Torres a dictar un segundo pronunciamiento, a principios del mes de noviembre de este mismo año. Lo procesó por el delito de coacción que, según el Código Penal vigente en la época de los hechos, reprime con prisión de tres meses a dos años al que “mediante amenazas graves o violencias compeliere a otro a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no está obligado”. Ello constituyó un paso enorme en la investigación de la responsabilidad civil durante la última dictadura, ya que era la primera vez en Argentina que un periodista era procesado por delitos de lesa humanidad.

En esta oportunidad, la defensa también apeló el procesamiento. La Cámara, luego de detallar toda la prueba reunida desde su anterior intervención, por segunda vez lo revocó y dictó su falta de mérito. Los argumentos son los mismos, le solicitan al juez instructor más medidas de prueba tendientes a probar la responsabilidad de Bottinelli.

Cabe señalar que el expediente es extenso y contiene innumerables pruebas de cargo, testimonios y documentos, que muestran sobradamente la responsabilidad de Bottinelli en los hechos que se le imputan. Sin embargo, no alcanza para la Sala 2. Parecen haber olvidado el contexto histórico en el que se cometieron los hechos, donde la clandestinidad del obrar de las fuerzas de seguridad y los civiles cómplices era clave para ocultar sus crímenes.

El plan sistemático de represión y exterminio no hubiese sido posible sin la activa participación de algunos medios que falsearon información, además de haber ocultado y negado los crímenes que se estaban cometiendo para que no fueran visibilizados por la población y permitir de esa manera la continuidad en el tiempo y su impunidad.

Las conductas de los periodistas y responsables de los medios de comunicación que tuvieron estrechos vínculos con los genocidas deben ser investigadas. Ojalá esta causa prospere hacia el debate oral y sirva de ejemplo para que tantos otros directivos y periodistas den respuesta ante la justicia.

Tarjeta roja para los miembros de la Sala I de la Cámara CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL (CCCF)

Tarjeta roja para los miembros de la Sala I de la Cámara CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL (CCCF), Dres. Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia

Causa Coordinación Federal

En una de las resoluciones judiciales más peligrosas y contradictorias, el pasado 14 de noviembre de 2017, la Sala I de la CCCF, por un lado confirmó los procesamientos de Alfredo Hugo Vidal, entonces teniente de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana (conocido como Poroto Vidal, formó parte de la banda de comisarios que secuestró a Macri), el oficial Inspector Rafael Oscar Romero, subinspectores Daniel Pablo Amarillo, Miguel Olarte y Daniel Pablo Ichicovich, los cabos 1° Juan Adolfo Ríos Y Osvaldo Néstor González, y el entonces comisario inspector Alberto Mattone, para luego concluir que debían ser revocadas sus prisiones preventivas y les otorgó la libertad, aunque algunos de ellos no la hubiesen siquiera solicitado.

Los hechos por los que se encuentran procesados son tres casos de homicidios doblemente agravados por haber sido cometidos con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas.

Las víctimas del primer caso son Jorge Hugo Casoy, María Marta Carlota Imaz de Garzón Maceda de Casoy y Bernardo Levenson. Se hallaban en su hogar al momento de sus homicidios, cometidos el 18 de mayo de 1976. Se comprobó que Jorge recibió diecisiete tiros, siete de los cuales fueron en la cabeza, uno a 15 cm. del tirador; el cuerpo de María Marta tenía once orificios de bala, uno de ellos en el cráneo y Bernardo Levenson tres tiros, uno de ellos también en el cráneo con la boca del cañón apoyada. Intervino personal de del Departamento Sumarios de la Superintendencia de Seguridad Federal de la P.F.A. Entre los responsables están procesados Romero, Amarillo, Olarte, Ichicovich, Ríos y González.

El segundo hecho ocurrió el 4 de enero de 1977 y fue llevado a cabo por personal de Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la P.F.A. Asesinaron a Carlos Gabriel Federico Jeifetz y Nora Beatriz Salvarezza en su domicilio. El cuerpo de Carlos tiene siete orificios de entrada mientras que el de Nora nueve impactos, ambos fueron ejecutados, toda vez que recibieron, cada uno de ellos, un disparo en la cabeza. Los procesados son Mattone y Vidal.

El tercer suceso tuvo lugar el 17 de marzo de 1977 y fue concretado por una brigada operativa del Departamento Táctico de la Superitendencia de Seguridad Federal en la morada de Mario Lerner. Fue herido en su domicilio y arrastrado hasta el baúl de un vehículo donde falleció. Solamente se encuentra procesado por este hecho Olarte.

La Cámara, luego de afirmar que se tiene por “acreditada tanto la hipótesis delictiva investigada, como la participación y responsabilidad que les cupo a los encartados“ , comienza a efectuar una suerte de análisis sui géneris con claras intenciones de mejorar la situación procesal de los policías asesinos.

Para ello utilizan dos argumentos: 1) que los policías podían no saber la ilegalidad de los operativos y que las dependencias policiales cumplían una doble función: la lícita y la ilícita, es decir, que existía un “doble rol”.

Ese argumento se cae por sí mismo: estamos ante allanamientos ilegales y homicidios doblemente agravados, las víctimas se encontraban indefensas  en sus hogares y fueron sorprendidas por las fuerzas y asesinadas allí mismo. ¿Qué funcionario público, como  eran los imputados al momento de los hechos, no iba a conocer la ilegalidad de sus conductas? Ninguno, ni el más inexperto. Es lógico que los camaristas están reflotando algún tipo de obediencia debida, escollo que suponíamos totalmente superado.

2) Que los hechos tienen un mecanismo diferente a la generalidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Para ello afirman que “En distintos pronunciamientos sobre la materia ha quedado demostrado que la verdadera diagramación ilegal diseñada por el último gobierno de facto, en cuanto a la “lucha antisubversiva”, respondía a una estrategia de búsqueda de información centrada en el secuestro de personas, su conducción a centros clandestinos de detención y la aplicación de tormentos físicos y psíquicos para recabar nueva información. Una vez agotadas estas etapas, se decidía sobre el destino final de la persona, el cual podía abarcar varias posibilidades. Una de ellas, era aparentar un enfrentamiento entre las víctimas y las fuerzas de seguridad con el único objeto de blanquear la situación frente a la sociedad en general y los familiares en particular…”. Continúan diciendo que los presentes casos concluyeron con el homicidio de todos los habitantes de las fincas allanadas, lo que los diferencia de la estrategia que el mentado plan tenía establecida para la lucha antisubversiva, basada en el secuestro y tortura de aquellos rebeldes con la finalidad de extraerle toda la información posible que permitiera nutrir el aparato de inteligencia.”.

Realmente ello es desconocimiento de lo ocurrido en nuestro pasado reciente, ya que hubo muchos casos de víctimas asesinadas sin haber pasado por CCDT;  o es una excusa para liberar genocidas. Teniendo en cuenta la coyuntura política que nos toca vivir, nos inclinamos por la segunda hipótesis

El fallo predica todo lo contrario a lo que la lógica indica. Interpreta a favor de los genocidas y como atenuantes, las características de los hechos ya descriptos (aberrantes asesinatos de personas que se encontraban indefensas en sus domicilios), con el aparente fundamento de que no fueron llevados a cabo de manera clandestina. Más absurdo, evidente y tendencioso nunca visto. Se avasallan más de diez años de ejemplar jurisprudencia en materia de crímenes internacionales, admirada en el mundo entero.

Asimismo, implica una inconmensurable falta de respeto a la memoria de las víctimas, sus familiares y toda una sociedad que hace cuarenta años pide justicia.

TARJETA ROJA para los miembros de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP)

TARJETA ROJA para los miembros de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP)
Juan Carlos Gemigniani, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques. La Sala III de la CFCP anuló la única condena dictada contra un empresario por delitos de lesa humanidad. Se trata de Marcos Levin, entonces dueño de la Veloz del Norte, quien en marzo de 2016 había sido condenado por el Tribunal Oral Federal de Salta a la pena de 12 años de prisión por la privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos contra Víctor Manuel Cobos, empleado y representante gremial de la empresa.
Esa condena constituyó un hito en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Durante el juicio quedó demostrada la complicidad del empresario con el terrorismo de Estado, ya que aportó información sobre los trabajadores y estructura física para que fueran secuestrados.
Sin embargo, la Sala III de la CFCP, anuló la sentencia por considerar que no se habían cometido crímenes de lesa humanidad. Los argumentos son más que arbitrarios, regresivos y no tuvieron en cuenta el contexto político y social de la época de los hechos (año 1977). Implica un gravísimo retroceso en materia jurisprudencial logrado a lo largo de una lucha que ya lleva más de cuarenta años y muestra una clara intención de frenar el avance en las causas en las que se está investigando la responsabilidad civil durante la última dictadura.
También derogaron las penas que habían sido impuestas a los policías retirados Víctor Hugo Almirón, Víctor Hubo Bocos (ambos a 12 años de prisión) y Enrique Cardozo (8 años de prisión).
No podemos dejar de resaltar que la Sala III de la CFCP está integrada por Juan Carlos Gemigniani, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques. Este último juez fue Ministro de Justicia del Gobierno provincial de María Eugenia Vidal para luego ser designado a dedo por Macri (sin pasar por el correspondiente concurso) en una maniobra denunciada en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Tanto las querellas como la fiscalía interpusieron recurso extraordinario.