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LA IMAGEN EXACTA DEL HORROR, EN DISPUTA

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EL SISTEMA BUSCA OCULTARLA, COMO PASO PREVIO HACIA UNA NUEVA IMPUNIDAD

NUESTRO COMPROMISO CONSISTE EN MOSTRARLA, PARA AMPLIAR LA CONCIENCIA SOCIAL SOBRE LA VERDADERA MAGNITUD DEL HORROR, Y COMO HERRAMIENTA DE PROFUNDIZACIÓN DE LA LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS

  1. ¿QUÉ IMAGINA EL CIUDADANO COMÚN CUANDO SE HABLA DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD Y LOS JUICIOS QUE POR ELLOS SE LLEVAN ADELANTE?

 

cuando en ámbitos sociales no directamente vinculados al compromiso con los derechos humanos, ámbitos que –aún con lo arbitrario de este tipo de encasillamientos o segmentaciones sociales- podríamos comprender en lo que usualmente se señala como el hombre común, la ciudadanía en general , o la gente, esa lavada sustantivación del elemento más importante del Estado, que es el pueblo, se habla de los delitos y crímenes de lesa humanidad, la experiencia muestra que el imaginario social medio no conoce en su cabal dimensión, en su tremenda entidad, de qué se trata. En qué consistieron descriptiva y concretamente, esos hechos, como así también cuáles fueron las intervenciones concretas que los represores imputados tuvieron en ellos. Qué fue lo que hicieron concretamente, más allá de la casi siempre inextricable nomenclatura jurídica, cortinado detrás del que suelen esconderse no solo los verdaderos graves crímenes cometidos, sino también sus verdaderas dimensiones y las características de sus autores.

Ante la referencia a los juicios que se desarrollan por delitos de lesa humanidad, se obtienen respuestas –inclusive muchas veces producto de sincera creencia- equivalentes a que se trata de juicios a militares que “se excedieron”, “que detuvieron personas sin cumplir cabalmente con las leyes”, que “mataron a alguien en algún enfrentamiento”, “que cometieron delitos en un momento de mucha convulsión y confusión”, que “torturaron”, sí, pero la imagen que se han construido a partir del intencionado diseño mediático dominante es el de los golpes y otros castigos aplicados a los “terroristas”, y como mucho imaginan a alguien atado a quien se le aplica la picana. Y por supuesto, que han desaparecido personas, pero muchas veces, más de lo que podemos imaginar, se lo atribuye “al resultado fatal de toda guerra, porque claro, aquí hubo una guerra”. Así se advierte, en términos generales, que es la visión de la gente o ciudadanía en general. Se trata de una experiencia que podemos comprobar inclusive personalmente dentro de nuestros ámbitos cotidianos, ya sea sociales, culturales, familiares, laborales.

Nada más alejado de la realidad de lo sucedido en la Argentina desde mediados de 1975 hasta el 10 de diciembre de 1983, que el sistema buscó y sigue buscando ocultar. Ocultamiento que resulta propicio para los intentos de impunidad, siempre agazapados esperando emerger, que se valen del desconocimiento y consecuente construcción de consensos sobre reconciliaciones, olvido o piedad ante quienes se presentan como ancianos víctimas de revanchismo por parte de quienes perdieron una guerra.  Empecemos por decir que no hubo ninguna guerra. Eso es falso de toda falsedad. Ya desde fines de 1975, las organizaciones guerrilleras que operaron, inclusive inorgánica y sin una estrategia sólida de poder militar, desde fines de la década de los sesentas, se encontraban tan desarticuladas como inoperantes. El objetivo del golpe cívico militar que se materializó a partir del 24 de marzo de 1976 y que llevaba más de cuatro meses de clandestina preparación –que fue definido por la propia administración de justicia como un plan criminal a gran escala-, fue exclusivamente implantar un modelo económico social de explotación de los trabajadores, y cuyo principal enemigo, necesariamente entonces, fueron las organizaciones gremiales y sindicales que con sus luchas y reclamos reivindicatorios laborales complicaban la implementación de aquel modelo económico. El ochenta por ciento de las víctimas del genocidio fueron trabajadores que luchaban por salarios dignos y mejoras en las condiciones laborales, y las comisiones internas que apoyaban esos reclamos. Es decir que fueron las bases sociales y el pueblo trabajador quienes sufrieron el ataque genocida cívico militar, no guerrilleros, ni mucho menos otra fuerza combatiente como es el caso de un verdadero enfrentamiento bélico. Cabe resaltar que esas luchas sociales y de los trabajadores, muchas veces, sino además casi siempre, se dieron enfrentándose con las conducciones gremiales de segundo y tercer grado que pactaron con la dictadura. Ocultar esto, y ocultar los métodos atroces ejecutados, fue especialmente urdido. Y después, recuperada la democracia, se continuó con el ocultamiento por otras vías.

No hay duda alguna que ese ocultamiento y ese desconocimiento resultante, y la instalación de aquellas falsedades, fueron durante la dictadura, y también siguió siendo después tras la recuperación de la democracia formal, un objetivo expreso del sistema dominante puesto en cuestión. Ese objetivo suele ser resultado de un pacto entre el gobierno que, por la coyuntura política que fuere –no es éste el tema aquí- se ve obligado a impulsar investigaciones y juzgamientos, y los medios de comunicación dominantes. El poder se ve circunstancialmente acorralado, obligado a ceder, y busca entonces limitar el daño a sufrir o, desde otra perspectiva, busca marcar un límite al avance del poder popular. El contubernio Videla / Ernestina Herrera de Noble / Papel Prensa, es paradigmático. Traigo también a cuento que ya en el inicio del histórico enjuiciamiento a las tres primeras juntas militares en 1985, ese juicio, pese a su enorme trascendencia, fue un juicio casi secreto. Aquella componenda del 19 de abril de 1977 hacía llegar sus hilos condicionantes 8 años después, ante los riesgos que desató para el establishment dominante el desatino alcohólico del desembarco en nuestras Islas Malvinas. ¿Cómo funcionaron esos hilos? No se permitió su televisación en directo, se restringió la información sobre su marcha y, fundamentalmente –aquí es donde pretendo llegar a los fines de este trabajo-, se buscó silenciar la descripción por parte de las víctimas y de los testigos de los hechos padecidos. Que no retumbara en los oídos y en la conciencia colectiva la magnitud concreta del horror. Este fue su objetivo principal del ocultamiento en la etapa que se abría. Que el hombre común, la ciudadanía, la gente, en realidad el pueblo, no se enterasen de la dimensión concreta de los hechos aberrantes cometidos. Que la descripción cruda del horror no tocase el alma y los sentimientos del pueblo. La manipulación y distorsión informativa siempre apunta a los sentimientos del pueblo, ya sea para impedirlos o para construir otros falsos. Es que toda abstracción lava no solo las caras e identidades, sino principalmente el contacto con lo siniestro. Pongamos por caso: hablar solo de crimen, de delito aberrante, al mismo tiempo que de Acdel Vilas y Antonio Bussi como autoridades militares del que llamaron Operativo Independencia en 1975, no es lo mismo que describir unos de esos crímenes: encerrar a un niño de 14 años dentro de un tambor repleto de serpientes, hasta que murió por las mordeduras o por el terror, o al revés -cualquiera de las horrorosas alternativas pudo ser-; o colgar a una mujer desnuda durante días en un gancho, por las manos atadas hacia atrás, después de cortarle los senos, dejándola así hasta morir; y que Vilas y Bussi dieron indicaciones para realizar esas prácticas y las presenciaron. No es lo mismo. La forma en la construcción de un relato puede ser parte de la justicia, o también cómplice del ocultamiento, del lavado del horror. Ese lavado es el ocultamiento pergeñado como antesala de la impunidad, porque tiene como objetivo la construcción de un imaginario colectivo medio, desprovisto de un tipo de sentimiento que genera en primer lugar frontal rechazo, y consecuentemente proporcional compromiso para militar su condena. Hablar de Etchecolatz, de 88 años de edad, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, a quien la justicia le concedió su prisión domiciliaria por razones de edad y salud –que es lo que se ha buscado instalar en la ciudadanía en general, no es lo mismo que describir en qué consistieron esos crímenes de lesa humanidad cometidos por Etchecolatz, más allá de las también dudosas razones de salud en que se basó el privilegio que le otorgaron.  

El sistema puesto en cuestión no es solo el conjunto de militares, policías, gendarmes, prefectos, empresarios y civiles, partícipes y cómplices, sino también la conducción política, social y mediática que pactó la forma de la comunicación y el lavado del horror con el fin de impedir la profundización de la conciencia social.  A desmontar ese pacto y ese objetivo tiende este espacio dentro de Mundo Lesa. No con un fin escabroso o sensacionalista. Nada más lejos de nuestra finalidad. Tal como las fotografías y escenas de los hornos nazis, las montañas de zapatos, o de anteojos, o los miles de esqueletos vivientes que se vieron apiñados detrás de las rejas de los campos de exterminio tras la caída, datos directos crudísimos que hicieron imposible cualquier manipulación mediática, y que generaron una imborrable conciencia colectiva mundial sobre el Holocausto y su tenebrosa magnitud, proporcional al rechazo que anida de manera persistente en el alma de la humanidad, nosotros pretendemos lo mismo: mostrar esas fotos, que en nuestro caso se buscaron y se buscan ocultar por un pacto infame entre los medios masivos y el sistema, que se vio obligado a ceder una porción de poder, ayer y hoy también.

Salvo de los represores condenados, no se expondrán nombres de las víctimas, solo de la descripción de las atrocidades sufridas, y lo mismo cuando se trate de hechos denunciados o comprobados, sin que se haya individualizado al o los autores. Queremos que se sepa qué hicieron estos “abuelitos con deteriorada salud”, según la mediática descripción que busca construir un nuevo consenso social para la impunidad.

Empezaremos hoy con un nombre emblemático del horror: Etchecolatz

  1. LA DESCRIPCIÓN LITERAL DEL HORROR

 

  1. Etchecolatz

En el juicio que se llevó a cabo en la ciudad de La Plata a partir del 20 de setiembre de 2006, se produjeron descripciones de hechos decididamente aberrantes. Se trató del primer juicio en que el mano derecha del jefe de policía, militar Ramón Camps, recibió la pena de prisión perpetua por numerosos hechos graves (tuvo dos juicios anteriores en que se le aplicaron penas menores), recordado también porque fue aquel en que tras brindar su doloroso testimonio, se produjo la desaparición de la víctima Jorge Julio López. Una de las víctimas, una mujer, en medio de un profundo llanto, describió la tortura que presenció, aplicada a una niña de 12 años, en el que se conoció como Pozo de Arana. Los represores llamaban a ese lugar “Casa de Muñecas”, porque habían colocado al ingresar al lugar una muñeca, con los ojos vendados y las manos atadas. Una imagen más patente de lo siniestro, y más clara de la mente perversa de los criminales, es prácticamente imposible de encontrar. Etchecolatz fue condenado por torturar a una niña de 12 años en un centro clandestino. Una niña de 12 años. Repito: una niña de 12 años. Hagamos un alto en la lectura. Busquemos a nuestro alrededor y detengámonos en alguna niña de 12 años que podamos encontrar en nuestros lugares habituales, en nuestro trabajo, en nuestros grupos de amistades, en nuestras casas… La mujer que lo relató, que fue secuestrada junto a su esposo en diciembre de 1976, contó que el torturador directo no quería o no se animaba a hacerlo, pero que un superior lo amenazó intimidándolo con que si se negaba sería el torturado. A eso lo que siguió fueron los gritos de la niña. La víctima que lo relató dijo que luego tanto ella como la niña fueron trasladadas a la Comisaría Quinta de La Plata, lugar en el que la niña torturada “hizo un abdomen agudo a causa de las torturas”. Supo y relató en el juicio que se la llevaron y nunca se volvió a saber de ella. La declarante explicó que también ella había sido torturada en el Pozo de Arana. El tribunal, todavía presa del impacto ante el relato de las torturas a la niña, le pidió a la declarante explicara qué método habían utilizado para torturarla a ella misma. La respuesta fueron solo dos palabras: “unas pinzas”, dijo. Eso solo bastó para que el tribunal enmudeciera. No hacía falta más para entender qué encerraban esas dos palabras.  Otras víctimas relataron que en ese lugar había mujeres embarazadas y que el “modus operandi” habitual de las torturas, aparte de aquellos dos palabras, consistieron en golpes de puño, picana eléctrica y torturas psicológicas, entre otras modalidades. Relataron también el caso de un arquitecto al que para interrogarlo lo habían colgado, como consecuencia de lo cual perdió la movilidad de un brazo. En ese juicio, Etchecolatz fue condenado a prisión perpetua por secuestrar personas, tipificación técnica penal: privación ilegítima de la libertad, y por los asesinatos de seis personas. El asesinato –no importa a este fin el concepto ni la acepción técnica penal- es el homicidio agravado ya sea por haber actuado poniendo a la víctima en imposibilidad de defenderse, o aumentando de manera perversa y adrede su sufrimiento. Y también por haberles aplicado tormentos, previamente, a todos ellos.

En el segundo de los juicios en que Etchecolatz fue condenado a prisión perpetua, conocido como caso del CCD La Cacha, fue el realizado en la misma ciudad y ante el mismo Tribunal en el año 2014, por comprobarse su responsabilidad en el asesinato de dos personas: Marcelo Gabriel Bettini y Luis Eduardo Sixto Bearzi.

La última condena a Etchecolatz fue dictada el 23 de marzo de 2016, en que el mismo Tribunal lo condenó a otra prisión perpetua, por el secuestro y la desaparición de los militantes universitarios Daniel Favero y María Paula Álvarez.

En razón de haber acumulado esas cuatro condenas firmes, se le unificó la pena en prisión perpetua e inhabilitación absoluta, por los hechos atroces descriptos. No obstante, sin poner en un primer plano las características de los crímenes cometidos ni el perfil de la atroz personalidad del genocida, invocando solo su edad y supuestas razones extremas de salud –que se demostró que eran falsas- recientemente la justicia federal lo privilegió con una “prisión domiciliaria” en una casa quinta de Mar del Plata, ubicada a pocas cuadras de donde vive una de sus víctimas sobrevivientes.

Descripción: tortura atroz a una niña de 12 años, cuyo sufrimiento y lesiones llevaron posiblemente a la muerte y desaparición de su cuerpo. Torturas a una mujer mediante la utilización de pinzas en su cuerpo. Torturas y asesinatos comprobados en por lo menos cuatro casos.

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