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Operativo Independencia – El Juicio

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El recorte

Hablar (escribir) sobre el Juicio de Operativo Independencia supone un primer esfuerzo, aquel consistente en determinar qué decir, qué contar, sobre qué escribir. Un esfuerzo por recortar esa realidad enorme fragmentada en 88 audiencias de debate sucedidas febrilmente entre el 5 de mayo de 2016 y el 15 de Septiembre de este año. Esa realidad estremecedora contada por los 455 testigos que declararon durante el juicio

Hablar (escribir) sobre el Juicio de Operativo Independencia es, hasta cierto punto, lo mismo que hablar o escribir sobre cualquier otro juicio de Lesa Humanidad. Las anécdotas, las expresiones, las expectativas, las decepciones y los sentimientos de los sobrevivientes y los familiares que durante 42 años esperaron justicia reflejan una mirada del mismo horror. Todos guardan consigo sus descubrimientos, sus pequeños homenajes, sus pasiones palpitantes, sus lágrimas, sus gritos enardecidos y sus abrazos apretados en silencio.

Operativo Independencia también.

Yo trataré de escribir sobre aquello que este juicio tuvo de único, de novedoso, de particular, pidiendo disculpas, desde ya,  por lo apretado de una síntesis que no dudo pecará de cierta arbitrariedad, pero que, espero, refleje de alguna manera, la emoción del juicio de lesa humanidad más importante jamás celebrado en toda la historia de la Provincia de Tucumán.

 

Comienzos difíciles

Tempranamente, desde el comienzo mismo del juicio, nos encontramos con un panorama diferente al de juicios anteriores. Me refiero a que desde un primer momento se incorporó al debate la discusión acerca de la militancia política de los testigos y las víctimas. Quienes hemos transitado juicios anteriores sabemos que esto no es nuevo, pero esta vez la iniciativa tuvo un ímpetu especial.

Apoyados por una nutrida concurrencia de señoras y señores simpatizantes de los acusados, las defensas, tanto públicas como privadas, cargaron sus cañones argumentativos con la siempre eficiente munición de la “teoría de los dos demonios”.

Las señoras y los señores muy bien, aplaudían a rabiar cada intervención de la defensa en la que se nombrara a los muertos por la subversión, mientras agitaban hacia los miembros de la acusación una estatua de la Virgen María (la Virgen de la Tortura, la apodó una colega ocurrentemente) y carteles que decían cosas como: “Tucumán, cuna de la independencia, sepulcro de la subversión” o “No fueron 30.000, ni fueron inocentes”. Posteriormente y ya bastante avanzado el juicio, el presidente del tribunal resolvió que el público solo podía concurrir con carteles que contuvieran imágenes de víctimas, con lo cual estos carteles fueron replegados.

Sin embargo, la estrategia de la defensa (al fin y al cabo de eso se trata, de una estrategia) continuó avanzando con la anuencia de un tribunal (y particularmente de una presidencia) que, respaldándose en la necesidad de proveer al debate de la indispensable amplitud probatoria y en la necesidad de discutir ampliamente la motivación política de los crímenes juzgados, permitió que se interrogara a las víctimas y testigos de una manera que la fiscalía, con acierto, definió como muy parecida a aquella que tuvo lugar durante su cautiverio 42 años atrás.

Así las cosas la relación entre las partes y entre estas y la presidencia del Tribunal, fue desde un comienzo difícil, áspera, con objeciones permanentes desde ambas partes y discusiones en algunos casos a los gritos entre el presidente del tribunal y los miembros del Ministerio Público Fiscal que buscaban poner un coto al avance de una defensa empeñada desde un primer momento, en hacer del juicio un espacio donde se discutiera, en pie de igualdad, la responsabilidad por los delitos sufridos por las víctimas con aquellos atribuidos a las organizaciones armadas.

La defensa buscó, desde un primer momento, anular o al menos relativizar la potencia del reclamo de justicia de los familiares de las víctimas contraponiendo los crímenes de las organizaciones armadas, como algo equivalente y reivindicando incesantemente la legalidad de lo actuado por las fuerzas armadas y de seguridad, amparándose en la  existencia, al momento de los hechos, de un gobierno democráticamente elegido.

Al mismo tiempo, desde un lado de la sala los familiares de las víctimas, agitaban los carteles con las fotos de sus desaparecidos y llamaban asesinos a los imputados y gritaban ¡Justicia! a viva voz, mientras las señoras y señores  bien, respondían virgen en mano, usando las mismas pancartas y las mismas expresiones, como si se tratara de un eco perverso o un espejo deforme.

Así, esta suerte de imitación se convirtió en  la estrategia a utilizar tanto por las defensa como por su público. Ante una consigna contestaban usando una idéntica, ante la denuncia de un crimen del terrorismo de estado contestaban aludiendo a un crimen de las organizaciones armadas, sin importar lo que concretamente se estaba juzgando.

La finalidad de esa estrategia siempre fue igualar, equiparar, colocar en un mismo plano a las víctimas y a los victimarios hasta confundirlos.

Y, aunque parcialmente, dio resultado.

 

El error de prohibición. Un Operativo legal y otro ilegal

Esta estrategia de igualación por un lado y legitimación por el otro, se desplegó entonces en dos variantes. Por un lado, como se dijo, se trató de “reflotar” la teoría de los dos demonios y posicionar el accionar de las fuerzas armadas y de seguridad y el de las organizaciones armadas en un pie de igualdad, tratando de que ambas conductas fueran juzgadas en el mismo debate.

En segundo lugar, se pretendió dotar de legalidad a la acciones criminales de las fuerzas armadas y de seguridad con el argumento de que la actividad represiva llevada adelante por el estado durante el Operativo Independencia lo fue dentro del marco legal de un gobierno democrático.

Pues bien esta estrategia dio dos frutos bien definidos que quedaron plasmados en la sentencia cuyos fundamentos fueron dados a conocer el 8 de Noviembre pasado.

Me refiero en primer lugar al error de prohibición y en segundo, a la idea, sostenida por el tribunal (aunque con alguna disidencia del Dr. Reynaga) de que una parte del Operativo Independencia, concretamente esa que se libró en el monte tucumano, constituyó un enfrentamiento de carácter militar ocurrido dentro de las reglas y normas legales imperantes.

Me explico.

Acerca del error de prohibición invencible, la defensa argumento que dadas las particulares circunstancias del contexto histórico existente al momento de los hechos, los “jóvenes oficiales” de las fuerzas armadas y de seguridad enrolados en la lucha antisubversiva se encontraban comprendidos (y amparados) por  esta figura legal, toda vez que pudieron legítimamente creer  que (algunas) de sus acciones se encontraban dentro de los márgenes de la legalidad. De esta manera la defensa solicitó que se exculpara a todos los imputados por los delitos de violación de domicilio y privación ilegal de la libertad, dejando fuera aquellas conductas manifiestamente ilegales como homicidios, torturas, abusos sexuales, etc.

El tribunal tomó parcialmente este argumento de la defensa y lo usó para absolver a los imputados Cuestas y Jodar y también, aunque en menor medida, para justificar la absolución de Omar Edgardo Parada.

Si bien el Tribunal descartó la iniciativa defensista tendiente a excluir en forma generalizada los tipos penales mencionados a todos los imputados, avaló el argumento en cuanto consideró que las particulares circunstancias del caso, (especialmente el hecho de que las órdenes de allanar y detener emanaron de un gobierno constitucional durante la vigencia del estado de sitio) podrían haber inducido a error a los acusados, respecto a la legalidad o ilegalidad de su conducta. Dijo el tribunal:

No parece razonable exigirle al personal subordinado, militar y de las fuerzas de seguridad, en las circunstancias del caso concreto (operativo ordenado y puesto en marcha durante la vigencia de un gobierno constitucional), procurarse más conocimiento respecto a las facultades para allanar o detener”     

Sin embargo, dejó vigentes las imputaciones para los casos en que las personas secuestradas hubieran sido posteriormente torturadas o asesinadas y para aquellos imputados que, debido a su responsabilidad y función actuaron con conocimiento, o debiendo conocer, esta secuencia criminal. Dijo el Tribunal:

“Al margen de lo considerado hasta aquí, en los casos en que se han producido condenas por hechos de torturas y homicidios, la imputación a sus intervinientes con los diversos grados de participación respectivos, que han sido probados en función de las actividades cumplidas a partir de un rol determinado, se incluyen también las violaciones de domicilio y las privaciones de libertad, en su caso, ya que las secuencias habidas en los iter criminis estaban presentes en el dolo, con conocimiento y voluntad de realización”.

En mi opinión, esta aplicación del  error de prohibición que realizó el tribunal no fue la correcta. El mismo debería haber determinado que el error no resulta aplicable a ningún autor mediato, ya que justamente estos, dado su posicionamiento privilegiado en la estructura del aparato de poder, conocían o debían conocer que los allanamientos y las detenciones ilegales, formaban parte de un iter criminis que se completaba con los tormentos o el asesinato de las víctimas, sea que esta circunstancia se perfeccionara o no en el caso concreto, es decir con independencia de que la privación ilegal de la libertad se continuara o no con la tortura o el homicidio de la víctima.

El error de prohibición resultaría entonces sólo hipotéticamente aplicable (no hubo un caso de esta naturaleza en todo el juicio) al caso de un soldado raso  o un agente policial que solamente hubiera intervenido en un allanamiento o en la detención de una persona, por carecer este del conocimiento necesario para comprender que esa acción constituía un eslabón en la cadena de ilícitos del accionar represivo y por creer que su acción se encontraba ajustada a derecho o amparada legalmente.

La utilización de error de prohibición en casos de lesa humanidad, resulta particularmente riesgosa, toda vez que se trata de una construcción jurídica exculpatoria que usada en forma generalizada podría conducir a resultados verdaderamente injustos amparando la impunidad de conductas que implican graves violaciones a los derecho humanos.

En éste sentido, el Tribunal dejó sin castigo, detenciones ilegales (se trata de dos casos) porque las personas detenidas ni fueron posteriormente conducidas a un Centro Clandestino de Detención ni asesinadas. Para que se entienda: consideró acreditados los hechos en que se produjeron esas detenciones, pero los dejo impunes.

En cuanto a la segunda cuestión, la del Operativo Independencia legal y el Operativo Independencia ilegal, conviene hacer una breve introducción.

En Tucumán, la percepción de la ciudadanía acerca del Operativo Independencia siempre fue positiva. Salvo las, víctimas y sus familiares, el grueso de la ciudadanía, particularmente en las zonas donde el Operativo tuvo lugar, siempre fue muy favorable. Durante el juicio, una de las cosas que se pudo acreditar, y de las cuales la sentencia no se hace eco apropiadamente, es el enorme despliegue de acciones de propaganda que, en el marco de la acción psicológica desplegada por las Fuerzas Armadas se realizó sobre la población tucumana en aquellos años. Así, se construyó una historia, un relato, de características épicas, donde las Fuerzas Armadas actuaron como los “salvadores de la patria” frente a la amenaza del enemigo marxista. Paralelamente a la construcción de este enemigo, se bombardeó mediáticamente a la población a fin de generar una percepción que fuera acríticamente favorable a la estrategia represiva del estado, todo lo cual se encontraba previsto y regulado por los manuales de inteligencia de aquella época, algunos de los cuales conservaron su vigencia mucho tiempo después de recuperada la democracia.

En este sentido, uno de los objetivos centrales del juicio, era desmitificar y demoler esta versión triunfalista y heroica de las fuerzas represivas, desnudando y exponiendo públicamente el horror como correlato incontrastable de la ilegalidad de los procedimientos aplicados que se aplicaron sistemáticamente sobre la población civil. Procedimientos que luego serían aplicados en forma generalizada en todo el país a partir del golpe del 24 de Marzo.

Este objetivo, de despojar al Operativo Independencia del bronce que prolijamente venía lustrando desde 42 años atrás,  para mostrarlo como un procedimiento ilegal y criminal, se consiguió parcialmente.

En los fundamentos de la absolución de Omar Edgardo Parada, subsiste, hoy, esta versión despreciable de la guerra justa.

Omar Edgardo Parada, a la fecha de los hechos era Teniente Coronel del Regimiento de Infantería de Monte N° 28 de Tartagal, y fue jefe de la FUERZA DE TAREA ACONQUIJA que actuó en el marco del Operativo.

El tribunal por mayoría, con la disidencia del Dr. Reynaga, decidió absolverlo por considerar que su actuación había estado dentro de la ley y por mediar, en último caso, un error de prohibición respecto a su accionar en la llamada lucha contra la subversión.. Dijo el tribunal (Dres. Casas y Jiménez Montilla):

“Respecto al imputado Parada, sí se ha acreditado que tuvo un rol central en enfrentamientos a tiros producidos en la zona de Santa Lucía, principal lugar de operaciones de los rebeldes que conformaban la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez y también lugar de asiento de la compañía que dirigía el entonces teniente coronel Parada. En esos enfrentamientos, han muerto efectivos militares e irregulares, como naturalmente puede ocurrir en esas situaciones, no así en algunos casos en otros ámbitos que se han pretendido representar, básicamente en zonas urbanas, como de enfrentamiento con resultado de numerosos muertos en un bando y ni un rasguño en los miembros de las fuerzas regulares. Esa tarea del Ejército, que en este caso concreto llevó a cabo el teniente coronel Parada, respondió al mandato de sus superiores y del gobierno legítimo de la Nación, más allá de toda disquisición política o ideológica al respecto, que no compete estrictamente a este órgano jurisdiccional”.

Estas afirmaciones no solo ignoran testimonios y pruebas fundamentales que responsabilizan a Parada de graves crímenes contra la humanidad si no que consideran que el Operativo Independencia no fue una operación militar absolutamente ilegal y planificadamente ilegal, sino que tiene dos caras. Una, aquella clandestina y abiertamente ilegal de secuestros y desapariciones y otra la del enfrentamiento o guerra justa entre las fuerzas del ejército regular y las fuerzas “rebeldes” o “irregulares”

Esto no es otra cosa que la reedición de la teoría de los excesos. El Operativo Independencia sería así legal en su formulación pero ilegal en alguna de sus aplicaciones.

Y esto es falso. El Operativo Independencia, más allá de las instrucciones que a su respecto dictó el poder político de aquellos años, fue concebido por las fuerzas armadas como una operación que desde el primer momento contemplaba la aplicación de métodos atroces, entendidos como necesarios para combatir un enemigo cuya definición abarcaba mucho más que al acotado margen de la Compañía de Monte Ramón Rosa Giménez del Ejército Revolucionario del Pueblo.

Esta absolución, sostiene y le brinda amparo y reconocimiento legal a una operación criminal que fue pensada, elaborada concebida y aplicada en forma consciente y sistemática desde la ilegalidad.

A Parada no se lo juzga por los muertos que pudo haber causado en los enfrentamientos armados que él comandó. Se lo juzga por el conocimiento y la responsabilidad que tuvo en la aplicación de este plan criminal y asesino.

Esta responsabilidad fue puesta a resguardo de la ley por los Dres. Casas y Jiménez Montilla.

El octogenario Parada se presentó ante el tribunal al momento de sus palabras finales en impecable uniforme y como Masera en el juicio  a las Juntas efectuó una cerrada defensa de su accionar durante el terrorismo de estado.

Se fue ovacionado e impune. Los Dres. Casas y Jiménez Montilla lo hicieron posible.

 

Nati

En estas cuatro letras se concentra una presencia ineludible de este juicio. Nati, Natalia Ariñez, era una querida compañera de hijos que declaró como testigo durante el debate en una audiencia inolvidable. Nati era hija de Jorge de la Cruz Agüero, víctima del juicio, secuestrado y desaparecido cuando solo tenía 17 años de edad.

Natalia no pudo llegar a escuchar los alegatos sobre el caso de su padre. Tampoco la sentencia. Murió junto a otras dos compañeras de HIJOS el 17 de Diciembre de 2016 en un choque automovilístico cuando volvían de una actividad en la escuelita de Famaillá.

Nati, junto a otras compañeras creó el Diario del Juicio, iniciativa que recogió los testimonios de las víctimas del juicio, que les dio voz y las difundió y se convirtió en una experiencia inédita por lo novedosa y enriquecedora, en los juicio de lesa humanidad en la provincia.

Su ausencia es desoladora para todos los que la conocimos y Operativo Independencia estará siempre ligado a su recuerdo, cuando, con voz firme y serena reclamó justicia por su padre y todas las víctimas del juicio frente al tribunal.

A ella y a su eterna memoria va dedicado este artículo.

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