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LA ANATOMÍA DEL MONO

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Sofía Caravelos y Matías M.,

miembros del CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica)

 

En una reciente nota en la revista digital Cosecha Roja, Natalia Federman identifica algunos elementos comunes entre el caso de Santiago Maldonado y el de Luciano Arruga. Traza así una continuidad entre elementos de ambos hechos y los vincula con la lucha de los organismos de derechos humanos contra el terrorismo de Estado y la impunidad posterior. Queremos retomar esas ideas para identificar otros elementos.

La idea es pensar el rol y las prácticas que construimos los organismos de derechos humanos, identificar aquellas herramientas y enfoques que tuvimos que inventar en su momento para abordar lo que nunca se había abordado, y poder reflexionar sobre cómo el actual contexto interpela esos aprendizajes. Se trata entonces de evaluar en qué medida estamos compelidos a pensar nuevos modos de intervención y a refundar el discurso de los derechos humanos. Al revés del deseo de Marx, ver si la anatomía del mono puede explicar la anatomía del hombre.

 

Cuerpos sin nombre, nombres sin cuerpos

Desde su creación en 1984, el Equipo Argentino de Antropología Forense enfrentó el reto de ser forenses sin cuerpos. La ecuación de los “nombres sin cuerpo” los puso ante el desafío de “escarbar la historia” antes que los cementerios. Mientras la sociedad quedaba atrapada en la encerrona de los dos demonios, mientras los sobrevivientes se veían compelidos a ocultar su militancia para no quedar comprometidos judicialmente, el EAAF ponía en el centro de la escena la reconstrucción de las identidades políticas como noción fundante de la verdad. Conocer y reconocer la militancia era un modo de aproximarse al porqué y al cómo de la desaparición (permitía elaborar hipótesis sobre las Fuerzas que habían actuado, en qué centro clandestino podía haber estado detenidos ilegalmente los detenidos desaparecidos, qué modus operandi tenían esas fuerzas  y cuál podía ser el destino final).

En este sentido, pensando el caso Maldonado, nos preguntamos qué nos pasó a los organismos de derechos humanos que volvimos a romantizar a la victima. Construimos un Santiago artesano, vegano, tatuador; y cuando la aparición del cuerpo lo puso en el Lof, en el piquete, en una actitud de resistencia, la apropiación mediática nos agarró a contrapierna. “Ah, no era tan inocente, era un militante”. Volvimos a dejarnos atrapar por el “algo habrá hecho”, por la construcción maniquea de la palabra.

Debemos entonces recuperar la pregunta por la militancia, que es la pregunta por las prácticas políticas. Sacar a los mapuches del imaginario de “el indio bueno”[1], reconocerles su organización política, con consignas, estrategias, modos de accionar, de visibilizarse, de resistir y combatir. Solo así podremos construir hipótesis acerca del funcionamiento de las fuerzas del Estado. Solo partiendo de esa pregunta política podemos preguntarnos y comprender porqué actuaron las fuerzas que actuaron, porqué estaban donde estaban, que modus operandi tienen esas fuerzas.

La desaparición forzada no se explica por el cuerpo, sino por la construcción de un “otro político” y el andamiaje institucional que lo configura. Quién dio la orden, cómo se da una orden, que significa que “los gendarmes estaban cebados”, qué es un “exceso”. Porque sino quedamos atrapados en lo que el cuerpo puede decir, y eso corre la mirada del contexto más amplio que es el que permite interpretar lo que el cuerpo diga: el aparato del Estado y el gran conjunto de las “fuerzas vivas” (Sociedad Rural, empresarios locales y extranjeros, las comunidades mismas de Esquel, etc.) dispuestos para la aniquilación. Y si parece exagerado recójase el discurso del presidente de la Sociedad Rural de Esquel del 21 de enero de este año.

 

Juicio y castigo

La otra novedad en materia de memoria, verdad y justicia estuvo en manos de los equipos jurídicos. Múltiples fueron los desafíos en relación a la posibilidad de investigar y juzgar los delitos de lesa humanidad, tipificar el homicidio sin cuerpo, eludir las figuras de obediencia debida, articular las competencias jurisdiccionales; pero la que queremos rescatar aquí es la de la construcción de la responsabilidad dentro de un aparato clandestino, sistemático e ilegal.

Los equipos jurídicos encontraron que lo clandestino no era tal cosa. Que el Estado en su versión más racional nunca deja actuar. Y que ese funcionamiento podía rastrearse a lo largo de toda una serie de elementos burocráticos necesarios tanto para el funcionamiento de la represión como para la construcción del relato sobre la muerte. Esto es, que si bien no había “ordenes”, si había felicitaciones en los legajos, si había licencias y traslados, si había quien firmara una inhumación, un certificado de nacimiento, un decreto de puesta a disposición.

Insistimos, en el caso Maldonado parece que olvidamos todo esto y estamos esperando solo que “el cuerpo hable”. Pero el cuerpo no habla sino a través de sus intérpretes, el conjunto de dispositivos jurídicos, administrativos, policiales encargados de construir el relato sobre el cuerpo. Sobre estos organismos debemos poner el ojo.

 

Los testigos víctimas

El inicio de los juicios, y especialmente la segunda desaparición de Jorge Julio López, potenció un trabajo que ya desde los setenta los organismos de derechos humanos venían realizando: la asistencia y acompañamiento a las víctimas. Este trabajo permitió la deconstrucción de la figura de la víctima como portador de la prueba, y habilitó a poner en escena otra forma de la palabra. En algún momento el fiscal Abel Córdoba señalaba que si algo habían aportado los juicios de lesa humanidad a los proceso de Justicia es que la palabra de las víctimas ya no sería la misma. El testimonio de las víctimas se transformó en la punta de lanza para releer el relato de la muerte que la burocracia estatal había construido.

La palabra de las víctimas pasó de la sospecha a la verdad. De una verdad que no se expresa en sus saberes sino justamente en sus no saberes, en sus olvidos, en sus contradicciones, que son la expresión del daño, del tiempo y la impunidad. La víctima se asume como víctima para poder reclamar su voz en el espacio público, pero entonces ese lugar es solo parte de un desplazamiento hacia el ser sujeto de derecho, sujeto político que ya no es hablado por los dispositivos penales, sino que esgrime su propia voz.

Hoy hemos perdido ese lugar. El discurso estatal y el discurso mediático (y miedíatico) se han apropiado  de la figura de la víctima. Porque la víctima resultó ser el modo de la antipolítica neoliberal (y no solo). Frente al dolor de la víctima no se puede discutir nada, lo único que se puede hacer es compungirse o indignarse. Cuando hay víctimas no hay opresión. La víctima no abre un espacio de diálogo sino que tiende a cerrarlo. No reclama serenidad para ponerse a pensar, investigar o proyectar, sino celeridad para actuar.

No hay oprimidos sino víctimas inocentes, pero esa inocencia reclama para si un modelo: la sumisión. La víctima no protesta, no milita, no suma sus reclamos a otros reclamos. Si la víctima se politiza no es víctima. Vemos como nuevamente la palabra de las víctimas vuelve a ser sospechada, abandonada. La imagen que construyó Sergio Maldonado, ocho horas a la vera de un arroyo custodiando un cadáver entonces desconocido, es la imagen del desamparo al que vuelven a ser arrojadas.

 

Aparición con vida

Los organismos de derechos humanos nacidos a la luz de la lucha frente al terrorismo de Estado, construyeron una serie de conquistas que los pusieron a la vanguardia de los modos de hacer política en argentina. Esa conquista es centralmente el conjunto de consignas que fueron enarbolando. “Aparición con vida”, “vivos los llevaron, vivos los queremos”, “si no hay justicia hay escrache”. Eran consignas fuertemente políticas porque eran consignas fuertemente poéticas, porque estaban cargadas de sentidos nuevos, y porque no eran fácilmente traducibles a demandas. En todo caso eran demandas insatisfacibles. Y por ello, movilizantes.

Los movimientos que el Estado fue realizando en estos últimos años fueron transformando esas consignas en una agenda. Una agenda de demandas. Y sabemos que para el Estado, a cada demanda le corresponde un programa. Rápidamente lo intraducible cobró una lengua específica, la del periodismo, la de las políticas públicas; y esto fue generando rupturas con otras traducciones.

Hoy, al igual que en el 2001, los casos de Milagros Salas y Santiago Maldonado nos ponen al movimiento de derechos humanos frente a la decisión de definir su rol. Las movilizaciones por Santiago demuestran que hay un piso que no se perdido. Pero el aval a las políticas represivas, punitivistas, y la generalización de los discursos estereotipados, discriminativos, expresan que el piso alto tiene un techo bajo. Por ello, más que nunca, los organismos de derechos humanos debemos movilizarnos en la reinvención de nuestras herramientas, reconociendo los recorridos atravesados pero sentarnos a pensar una agenda nueva, militante, política, poética, transversal, desde la subalternidad. Una agenda nuestra.

 

 

[1] La construcción del “indio amigo” tiene un largo recorrido desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando la política de la ”guerra justa” viró a partir del asentamiento peri urbano de comunidades, su asimilación como mano de obra, y la evangelización. Esta figura va de la mano necesariamente con su contracara, la del “indio malo” (el salvaje incivilizado de los siglos anteriores) figura que hoy construyen los medios y los servicios.

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