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Entrevista a la abogada Elizabeth Gómez Alcorta

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 La abogada Elizabeth Gómez Alcorta está de casualidad en Buenos Aires. Durante esta semana iba a estar en Jujuy. Milagro Sala –su defendida- debía enfrentar un nuevo juicio cuyo comienzo quedó en suspenso. Eli tiene un cheque en la mano. Y un sólo día para cobrar. Lo daba por perdido, pero como no viajó, habla con Mundo Lesa de camino al Sindicato Argentino de Televisión para ver si llega con la factura. Su servicio con el gremio no es muy distinto al que hace en Jujuy, o con las organizaciones populares de la Ciudad de Buenos o en la Patagonia. El Sindicato tiene una causa por cortar la Ruta 3 en Morón, provincia de Buenos Aires. Una causa que hasta diciembre de 2015 no se tramitaban pero en la que hoy está imputado el secretario de organización. La razón es el corte de ruta, artículo 194, como ocurría en los piquetes de los ‘90.

Abogada Elizabeth Gómez Alcorta

 

Pero ese ni siquiera es el caso más grave. Luego del 8 de marzo, los y las abogadas populares, como se nombran, comenzaron a observar nuevas imputaciones en situaciones de protestas. Apareció la figura de la intimidación pública. Eso es, dice Eli -también docente de Derecho Penal en la UBA-, “aquel que por acto o manifestaciones quiere generar temor generalizado”. Un delito federal. “Una figura que no se usaba y que ganó notoriedad con el macrismo. Y se usa porque lo que cambió es el eje discursivo: ya no es una persona que rompe un vidrio ni interrumpe el tránsito, es una persona -varias u organizaciones- que generan temor público. Esto nos llamó la atención”, explica.

Mientras en el Sindicato le piden nombre, documento y demás, Eli habla del nuevo rol de los abogados de lesa humanidad: de acusadores en los juicios contra los responsables de los crímenes de la dictadura pasaron a defender a dirigentes sociales, políticos e indígenas perseguidos por las nuevas formas de un Estado que ella define como de “Situaciones de Excepción”.

Eli habla de las figuras de los nuevos perseguidos con el aliento del discurso de la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo. Del discurso de la violencia. El rol de los medios y el regreso de la acción psicológica. Los juicios de lesa humanidad. Lo que quedó pendiente y lo que se logró. Y el juicio por los detenidos desaparecidos de la planta de Ford Motors Argentina de Pacheco. Eli es una de las abogadas de la querella en un juicio que nunca termina de empezar. Esta vez tiene fecha de inicio el 28 de noviembre, pero la única jueza titular del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín acaba de renunciar.

– Lxs abogadxs de lesa humanidad ahora están en lugares que pensábamos que ya no iban a ser necesarios. ¿Cómo los atravesás?

- Estamos en tiempos hostiles. Los abogados que históricamente nos sentimos abogados populares o de derechos humanos siempre tuvimos un lugar frente a los procesos judiciales que lo que trataban de buscar era pelear contra la impunidad de los hechos más atroces en la Argentina. En estos tiempos, en cambio, nos llevan a colocarnos en un esquema defensivo. Pasamos de la lucha contra la impunidad como representantes de víctimas a defender a dirigentes políticos, sociales e indígenas. Creo que este es el gran eje que nos marca la relación entre pasado y presente.

– ¿Cuáles son las líneas de continuidad?

– Muchísimas. Nos marcó la lucha contra la impunidad impuesta por el Estado, buscar las responsabilidades centrales de los agentes estatales y de aquellos que eran cómplices o co-responsables de las violaciones a los derechos humanos de hace cuatro décadas. Hoy la profesión nos pone frente a un Estado que reprime, hace abusos de poder, desaparece, trata de disciplinar. Y nos pone frente a la defensa de dirigentes que de algún modo también trazan un nuevo puente porque la lucha contra el disciplinamiento se intenta poner nuevamente desde el Estado. Los actores que nosotros perseguimos por su intervención en los hechos hace 40 años son los actores actuales. Por lo menos, hay líneas de continuidad con quienes hoy motorizan las persecuciones. Voy a poner tres ejemplos. Milagro Sala: es imposible pensar la persecución -más allá del papel específico del poder político-, sin pensar en Blaquier. Facundo Joanes Huala: imposible, sin la presencia de las empresas internacionales, sin Benetton o Lewis. Lo mismo con cualquiera de los dirigentes indígenas perseguidos hoy.

– En la desaparición de Santiago Maldonado o la represión, se ve a las fuerzas de seguridad.

– Están esos actores. Sí, son actores con un rol central en el terrorismo de Estado pero a la vez también tenés la parte empresarial. En Ford, también lo ves claramente. Y ahí ves que la imposibilidad de llegar a juicio tiene que ver con que hay dos imputados que son civiles, funcionarios de Ford y están en libertad y que no estuvieron un sólo día detenidos cuando son muy pocos los casos en los que uno puede llegar a juicio, después de 41 años, con personas en libertad. Entonces, la línea de continuidad está marcada. Pero a la vez también hay ciertas prácticas que se repiten. Escribí un artículo con Iliana Arduino. Y pensábamos en las operaciones de acción psicológica. Ocurrió en la marcha del 1º de septiembre por Maldonado. Hubo una clara presencia de infiltrados –ya no hay dudas-. Pero cuál es el modo que usa el Estado argentino para encubrir -en el menor de los casos- una escena en la que es co-responsable de una desaparición forzada de personas. Y ahí vemos que la acción psicológica es central. ¿Cómo hago para decir que yo no soy responsable? Por un lado, invento hipótesis: ya vimos que son todas falsas. Por otro, corro el eje de la desaparición forzada para ponerlo en la violencia de los “otros”. De esa manera, justifico cualquier cosa como las detenciones. Eso es claramente una acción psicológica. Está en los manuales de la década del ‘70. Y eso genera prácticas del terror. Se vieron el año pasado en Jujuy con operativos, detenciones arbitrarias.

– Traslados espectaculares de los presos como Milagro Sala que generan miedo entre la población.

– Pero al unir los distintos focos, lo que se ve que colocan en escena es la idea de una supuesta guerra. Y hay que decirlo así porque ya hay operadores de esto. (Alfredo) Leuco lo dijo con todas las palabras: “Nos declararon la guerra”. Y ya sabemos que cada vez que se usa, no sólo en los ‘70 sino para combatir las drogas (la guerra contra las drogas, contra el terrorismo) lo que eso asegura es un Estado de excepción. Si hay una guerra, no puedo usar las armas de un hecho delictivo común. Insistir con la idea de que la Tupac, los mapuches, los militantes sociales, los sindicalistas, son una mafia, “son violentos”, “quieren desestabilizar”, habilita el uso de cualquier herramienta para combatirlo. Del otro lado, está la defensa de la República, de las instituciones, de la democracia. Todo muy idéntico a la doctrina de seguridad nacional, porque la matriz de ese razonamiento y de este es la misma.

– El enemigo interno.

– Las nuevas amenazas de acuerdo a cómo las denomina el Departamento de Estado de Estados Unidos -y que se baja a toda Latinoamérica--es el narcotráfico y el terrorismo. Las nuevas amenazas son esas, es decir, son amenazas internas. No sabes dónde está el supuesto enemigo.

– Es decir, otra vez, pueden estar adentro.
– Se puede subir a la rambla de  Barcelona y matar a 50 personas. Se puede subir a un avión. Pueden estar en medio de la Patagonia. Se instala la existencia del terrorismo, de desestabilizadores. Ellos dicen: si ellos no juegan con las reglas de juego del sistema, nos obligan a salir del sistema. ¿Y qué implica? Cualquier cosa. Vuelvo al caso Santiago Maldonado y mapuches. El operativo por el cual ingresaron los gendarmes fue un operativo ilegal. No tenían orden judicial. Entraron 80 gendarmes de cuatro destacamentos. Quemaron pertenencias. Demoran personas. Niños. Secuestraron cosas. Olvidate por un segundo que además desaparecieron a una persona. A ninguno de los responsables parece haberles hecho mella: ni al personal jerárquico, ni a Pablo Noceti, ni a la ministra Patricia Bullrich. Y esto es porque hay algo que se instala en clave habilitante, legitimadora. Hubo una tremenda ilegalidad y nadie dijo nada. Se corrió el eje de esa ilegitimidad al punto que quedó legitimada de hecho. Está legitimada por los medios de comunicación, por el poder judicial y el poder político. Es eso. Lo que se logra es que haya fenómenos terroristas inventados. Todos sabemos que el enemigo interno existe históricamente: desde las “brujas” en adelante. Y que ese discurso habilita la posibilidad de actuar fuera de la legalidad en situaciones de excepción. Y lo que claramente logra instalar el gobierno son situaciones de excepción.

-Empresarios. Acción psicológica. Enemigo interno. Habilitación para actuar al margen de la legalidad, ¿qué sigue?
- Creo que hay otra pata. No sé si la pondrán en marcha completamente en los próximos dos años, pero si tienen seis años, probablemente. Es lo que se conoce como “principio delimitador”. El principio delimitador es una construcción que en nuestra historia argentina tiene cuatro décadas: es la división a raja tabla entre seguridad interna y seguridad externa y defensa nacional. Ese principio indica que las Fuerzas Armadas nunca pueden intervenir en temas de seguridad interna. Y sólo pueden hacerlo en caso de defensa nacional. Esto se construyó con leyes de distintas épocas: una ley de Alfonsín, otra de Menen, otra de Néstor Kirchner. Siempre con el acuerdo multipartidario. Todos los partidos apoyaron. Tiene mucho que ver con nuestra historia porque cuando las Fuerzas Armadas intervinieron en el proceso interno, el saldo ha sido de graves violaciones en derechos humanos. Y la historia reciente nos muestra que cuando estas directrices de Estados Unidos -del combate o guerra contra el terrorismo y narcotráfico- llegan a países de la región como Colombia o México y habilitan la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, el saldo son las violaciones a los derechos humanos y el incremento de desapariciones forzadas. Son datos de los organismos internacionales y organizaciones como Amnistía Internacional. Y eso tiene que ver con que las FF.AA. tienen capacitación, recursos, niveles de ejercer violencia para la lucha contra un enemigo externo, un ejército de otro país. Allí no hay gradualidad de la violencia. No tienen Armadas para eso.
– Acá todavía se ven a las fuerzas de seguridad.

– Sí pero el gobierno de Macri da muestras, en términos discursivos, para esa legitimación. Hubo reformas en el Ministerio de Defensa con Decretos de Necesidad y urgencia. Una resolución que habilita a las FF.AA. a llevar adelante tareas para las que no fue creada. Hay un informe muy bueno del CELS que muestra a Macri en reuniones de camaradería de las FF.AA. en las que hace explícita la necesidad de inversión contra el narcotráfico. Cuando este año salió la denuncia por la compra de armamento a Estados Unidos, el gobierno dio entre los fundamentos la necesidad de combatir el narcotráfico y el terrorismo. Y ahí el principio delimitador es clave. Uno puede pensar que es el pilar de nuestra democracia, de nuestra historia y es el principio que sin lugar a dudas el gobierno de Macri ya empezó a socavar. Y no hay dudas de que va a intentar avanzar sobre él, casi como si fuera una estocada final. Esto sería una habilitación a llevar situaciones de excepción de modo legal. Hasta ahora son todas ilegales, aunque no se las vea de esa manera.

– Pero acá no es el narcotraficante. No es el delincuente.

– Lo que tienen en común todas las formas del mal local es la violencia. Es el violento. Cuando se corta una ruta, se pinta el Cabildo o se rompe un vidrio, hasta ahora lo único que podía encuadrar esas cosas como delito –más allá que no estemos de acuerdo--, es, por ejemplo, la interrupción del tránsito, articulo 194, tan usado en los ‘90 con los piquetes. Podes decir: “hubo un daño”. O: “hubo amenaza si amenazaron a alguien”. Pero en las últimas manifestaciones, en el caso Santiago Maldonado, en el caso de la Tupac en la 9 de Julio o el reclamo por Joanes Huala en Tribunales se imputa por “intimidación pública”. Esto es: “Aquel que por acto o manifestaciones quiere generar temor generalizado”. Esta es una figura que no se usaba. Es una figura del macrismo. Se usa porque lo que cambió es el eje discursivo: ya no es una persona que rompe un vidrio. Ni interrumpe el tránsito. Es una persona, varias u organizaciones, que generan temor público. Esto nos llamó la atención.

– ¿Cuándo comenzó a usarse?

– Empezó a usarse después del 8M. Por eso, terminan en el fuero federal: la intimidación pública es un delito federal. Pero además de lo técnico, tiene un discurso “legitimante” de la represión. Y eso era necesario porque hubo 250 mil personas en la marcha reclamando por Santiago Maldonado a un Estado por desaparecedor. Pero el discurso “legitimante” de la represión dice que hay grupos que quieren generar temor a la población. ¿Cómo llegamos de un lugar a otro? Bueno, si los mapuches son terroristas, ¿cuál es el problema de que haya un feroz operativo represivo ingresando a un territorio? De quemarlo. Nadie reclama por esto. Todos reclamamos por Santiago, pero nos olvidamos de esto. Hubo dos operativos represivos previos, en enero. El segundo sin orden judicial. Infantería de la provincia estuvo a la vera de la ruta. Disparó. Le rompió la mandíbula a uno. Le rompió el tímpano a otro con balas. Y sin embargo, no desplazó a nadie. Hicimos una denuncia penal y la misma fiscal no investigó, no hubo avances, no se llamó a declarar a las víctimas. Lo que uno ve es que la escalada represiva avanza y la habilitación para esa escalada también avanza.

– ¿Quién habilita? ¿La sociedad? ¿Los medios?

– La parte de los medios es fundamental. Cuando el sábado siguiente a la marcha pusieron como noticia: “30 personas tiraron piedras”, sabemos que no fue así. Sabemos que hubo una cacería, represión y demás. Pero aunque 30 personas hubiesen tiraron piedras, ¿cómo la noticia no es que 250 mil personas reclamaron al Estado la aparición con vida de Santiago Maldonado? El rol de los medios para presentar realidades que no son tales ya lo vimos en el caso de la detenida desaparecida obligada a dar una entrevista en la revista Para Ti durante el terrorismo de Estado. ¡Eso es crear realidad! El problema es que vivimos en un mundo donde los medios de comunicación tienen un rol central y nosotros mismos sabemos que estamos en un país con una de las mayores concentraciones mediáticas. ¿Qué tan necesario era esto para este gobierno? Si uno ve las medidas de la primera semana del gobierno ve dos acciones: un DNU para destruir la Ley de Medios y otro para designar a dos jueces en la Corte. Entonces, tenemos que pensar que las patas que permiten este contexto son el poder judicial como herramienta de disciplinamiento y de poder político y los medios de comunicación. En el caso de Jujuy, la primera semana ampliaron la Corte provincial. Las Fuerzas de Seguridad que actuaron en Chubut o en Plaza de Mayo no son organizaciones horizontales. Y si vos tenés un poder judicial que sobresee a los imputados, habilita las órdenes con su acción u omisión. Cada gendarme o policía no actúa según su parecer. Son fuerzas verticales. Hay alguien que da una orden.

 

Un puente entre el presente y el pasado: de Maldonado a Ford

 

– Vamos a los juicios. Está por empezar el juicio de Ford. ¿Crees que si se hubiese avanzado con las dimensiones de responsabilidad económica, otro sería el panorama? Pero además, se supone que los juicios alcanzaron a las Fuerzas Armadas: ¿no pasó nada en estos doce años? ¿No podemos esperar alguna trasformación? ¿Bastará una orden para revestir al otro como terrorista, y listo: tirar abajo todo lo que se hizo?

– Creo que hay dos cosas. Ford tiene fecha para el 28 de noviembre. Pero la única jueza titular del TOF de San Martín presentó su renuncia para que se haga efectiva el 1 de noviembre. La jueza es Marta Milloc. Esto quiere decir que la única titular del Tribunal presentó la renuncia para irse cuatro semanas antes del juicio. El Ejecutivo ya lo aceptó por decreto la semana pasada. Ahora hay que esperar un nuevo juez. Tuvimos una reunión con los trabajadores-víctimas, con el equipo de abogados, Marcos Aldazabal y Tomás Ojea Quintana. Les dijimos que íbamos a llevar adelante una serie de acciones para asegurar la designación de un juez pero tenemos la sensación que damos un paso y retrocedemos dos: fijan fecha, tenemos juez subrogante pero después renuncia la titular. Sabemos que hay problemas de integración en los juicios de lesa en general pero pensamos que Ford genera muchos desafíos. Hasta ahora hubo una sola condena en este campo: Marcos Levin, pero no se trabajó el caso en términos de responsabilidad empresarial sino en términos de intervención concreta de él como propietario de La Veloz del Norte.

– Condenado además por un sólo trabajador. ¿El temor es que Ford genere una matriz de imputación largamente esperada para mirar otras causas?

– Es que acá, en cambio, la responsabilidad es claramente empresarial por los aportes concretos que son múltiples. Desde la más grave como la instalación de lugar de tortura en los quinchos dentro del predio hasta las detenciones dentro de la fábrica. Aportaron las listas. Muchas esposas de compañeros las vieron cuando fueron a reclamar a Campo de Mayo. Los militares les mostraban la lista con el logo de Ford que había sido entregada por la empresa para las personas que debían detener.

– Tiene todo.

– Cuando hicimos la investigación de responsabilidad civil, vimos que es un caso en el que uno podía hacer la lista de aportes y tenía todo. Uno de los imputados que falleció les dijo a los trabajadores en una reunión antes del golpe que ya no regían los fueros sindicales y que le mandaran saludos a Camps. Los trabajadores dicen que no sabían quién era Camps. Por eso el caso está tan probado y es tan evidente y sin embargo cuesta tanto llegar a juicio. De las 24 víctimas, 12 ya fallecieron. ¿Qué hubiera pasado si hubiésemos llegado a juzgarlos? Creo que las responsabilidades en estos casos aparecen en forma individual. Empresarios, un periodista, un juez, pero con las Fuerzas Armadas el proceso de justicia fue masivo y quedó claro que el plan sistemático fue comandado por las Fuerzas Armadas. Entonces yo no sé si hubiese cambiado la correlación de fuerzas hoy porque no existe todavía un proceso de responsabilidad de los medios de comunicación. Con Papel Prensa lo que está en las causas es la responsabilidad de Magnetto y una serie de personas en el robo y la tortura, desaparición, por una operación puntal pero la importancia y el papel fundamental que implicó pasar a las manos de estos privados, no forma parte de ninguna causa judicial.

– Hubo reclamos a las empresas de medios en esa línea. En ESMA y Bahía Blanca. Se pidieron correcciones pero en términos de verdad. Ahora bien, es cierto que nunca se pensaron responsabilidades penales por lo que mencionaste más arriba: la acción psicológica, la legitimación social del terrorismo de Estado.

– Quizá la investigación penal no sirva para eso. No sé si ese es el camino. Pero hay otros mecanismos que prevén elaboración de informes con una pata fuerte en la verdad. Y también sirven en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia. Lo que digo es que tampoco nosotros llegamos a eso en su momento cuando hicimos la investigación de responsabilidad.
– ¿Existe una promesa de algún tipo de final feliz en este camino? ¿Se supone que todo esto iba a servir para construir una sociedad más justa y democrática?
– Creo que no existe final feliz pero si uno piensa en la marcha del 10 de mayo, del 2x1 o las 250 mil personas en Capital y todas las manifestaciones por Maldonado reclamando por una desaparición forzada, creo que hay que ver cierta clave de final feliz. Hay un aprendizaje concreto que marca un límite. Más allá de que sabemos que todos los días ejecutan a pibes, los torturan en las comisarías y en las cárceles, hay un límite que supera a los organismos de derechos humanos. En el 2 x 1 hubo muchísima gente de a pie.

– Volviendo al comienzo, si el proceso de justicia atravesó a las Fuerzas Armadas de modo más masivo, puede pensarse que contribuyó a generar los pisos para establecer ese límite.

– Hace un tiempo tuve que reunirme con Dilma Rousseff por Milagro Sala. Estuve sola con ella diez minutos. Me pregunta como llegué yo a Milagro. Le conté que venía de las causas de lesa humanidad. Entonces me pregunta cómo está el proceso de juzgamiento. Le digo que tenemos tantos imputados. Y otros con condenas. Y mirá lo que me dice. Habló de su impeachment, del par de legisladores que reivindicaron la tortura, el terrorismo de Estado en Brasil,  y dice: “En ese momento -fue muy lindo que me lo compartiera-, pensé que eso en Argentina no podría pasar”. Que un legislador reivindique el terrorismo de Estado. Entonces yo le dije: “Creo que tenés razón”. No porque no suceda sino porque se convirtió en lo indecible para nosotros, y eso es un límite. No quiere decir que no haya quien lo piense, pero no pueden decirlo. Y eso me parece que es un saldo de ese proceso. Hay cosas que ya no se pueden decir. Se puede tratar de decir que lo mataron otros. Que hay un pueblo entero donde todos se parecen a Santiago Maldonado. Se puede decir cualquier cosa burda, inverosímil, pero no se puede negar la desaparición forzada. No se puede reivindicar la tortura en nuestro país. No se puede. Hay un piso. Y sí, pensábamos que era más alto, puede ser. Un gobierno que niega el número de 30 mil y habla de ángeles y demonios. Que eso habilita acciones y prácticas. Pero hay otras que no se puede, que están fuera de nuestras posibilidades. Y que ni siquiera ellos que tienen en su ADN ser antidemocráticos las pueden rehabilitar.

 

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