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El 2x1 sigue vigente: por qué la Corte demora una rectificación

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Desde mayo pasado, el máximo tribunal del país falló a favor de otorgarle a los detenidos por crímenes de lesa humanidad el beneficio del “2x1” en el cómputo de la pena. El escándalo que provocó la sentencia llevó a los supremos a rever su postura. A cuatro meses de la bochornosa decisión, no hubo modificaciones. Qué analiza hacer cada cortesano, cuál fue el mensaje de la Procuradora y cómo se comportaron los tribunales inferiores para bloquear una posición que le abre las puertas de las cárceles a los genocidas. 

 

 

El 3 de mayo pasado, se conoció el escandaloso fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le otorgaba a los genocidas de la última dictadura cívico-militar el beneficio del llamado “2x1” en el cómputo de la pena. Tal fue la reacción de la sociedad como de los tribunales inferiores, que el Congreso se alzó en pos de apagar el fuego jurisprudencial que abrió el máximo tribunal del país con un cambio legislativo: prohibió la aplicación del mentado “2x1” a represores. Desde entonces, los ministros cortesanos dejaron trascender que rectificarían su posición. Ocurre que tras su bochornosa decisión, decenas y decenas de militares condenados por crímenes de lesa humanidad pidieron la reducción de su régimen carcelario. Entre 20 y 30 casos llegaron al tribunal supremo. Sobre 13 ya se expidió la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por lo que la Corte ya está en condiciones de pronunciarse. Pero a cuatro meses del escándalo, los supremos aún no modificaron su posición por lo que el fallo Muiña sigue vigente y con él, el injusto beneficio para quienes ejecutaron el terrorismo de Estado.

En julio, el rumor que se dejaba correr por tribunales era que en agosto saldría la nueva sentencia para rectificar la postura a favor de los condenados por violaciones a los derechos humanos. Pero algo pasó y el tan esperado fallo no salió.

 

Una de las versiones más fuertes era que los ministros no lograron ponerse de acuerdo en el grupo de casos de represores que estaban detenidos durante la vigencia del 2x1. Lo concreto es que no hubo rectificación y aquel fallo por el que la sociedad salió a la calle a decir “Nunca Más” sigue en pie. Al menos por ahora.

“La ley que sancionó el Congreso es un puente de plata para la Corte. Seguramente alguno se agarrará de eso como ‘interpretación auténtica’ para modificar su postura”, afirma un abogado de lesa humanidad con llegada al máximo tribunal.

En el artículo 1º de la nueva ley se indica que el denominado 2x1 "no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional".

Pero por otro lado, explica la misma fuente, “sería raro que se le reconozca tanto poder al Congreso como para ‘interpretar’ un fallo de la Corte. Sería un precedente llamativo”. El rumor era que Rosatti sería el único que se aferraría de esa ley. No estaba claro qué haría Higthon para cambiar su posición.

Lo que se decía que era casi un hecho es que Carlos Rosenkrantz no modificaría su posición. Buscaría la forma de mantenerla, aunque sea de forma indirecta. No llama la atención. Fue el redactor del fallo del escándalo.

 

planteos de aplicación del "2x1"

por www.fiscales.gob.ar

 

El escriba


Según se desprende del seguimiento interno de los expedientes en el Poder Judicial, el 28 de septiembre del año pasado el ministro cortesano Rosenkrantz designó como “proyectista” en el “caso Muiña” a su asesor Federico  Morgenstern.

Morgenstern es el autor del libro “La Cosa Juzgada Fraudulenta”, prologado por el mentado Rosenkrantz y Alejandro Carrió, abogado de Marcela y Felipe Herrera de Noble, los hijos adoptivos de Ernestina. Carrió fue uno de los primeros en salir a respaldar el fallo del 2x1 desde el diario La Nación, matutino que promueve la libertad de los genocidas.

¿Qué postula “La Cosa Juzgada”? Allí, Morgenstern propone analizar la reapertura de aquellas causas cerradas, consideradas “cosa juzgada”, si es que durante el proceso hubo algún “fraude”.

Con esta línea, Morgenstern apunta a las causas de corrupción que se iniciaron contra ex funcionarios kirchneristas que, dice, pudieron cerrarse de manera “irregular”. La postura es peligrosa porque para muchos especialistas la tesis bien podría habilitar la reapertura de un caso de lesa humanidad para rever la condena a un represor. O promover la apertura de causas que alimentan la Teoría de los Dos Demonios, que ya fueron cerradas.

“Entiendo que detrás de esta postura se fuerzan conceptos con miras a reabrir algunos casos ‘económicos’ y otros de DD.HH”, explica un abogado que sigue de cerca las causas de lesa humanidad.

Morgenstern fue uno de los escribas del escandaloso fallo.

 

Los casos en manos de la Procuradora


La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se expidió a mediados de julio frente a los pedidos de Bignone y otros doce represores y dictaminó que el beneficio del “2x1” no es aplicable a crímenes contra la humanidad. De esta forma, el tribunal supremo quedó en condiciones de emitir su fallo. Pero pasados dos meses del dictamen de la jefa de los procuradores, sigue reinando el silencio en la Corte.

Los casos habían llegado a Gils Carbó luego de que el Alto Tribunal le trasladase la cuestión en función de la ley votada y promulgada por el Congreso en mayo, que interpretó que el beneficio no es aplicable frente a crímenes de lesa humanidad.

Los doce represores que solicitaron el beneficio para las penas que están cumpliendo además de Bignone y que la procuradora rechazó son:

1) Juan Daniel Amelong, integrante de la Sección de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, condenado en cuatro causas.

2) y 3) Rufino Batalla y Raúl Ricardo Espinoza, agentes civiles del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, condenados en la causa por crímenes en el centro clandestino "La Cacha".

4) Eduardo Kalinec, subinspector de asuntos subversivos de la Superintendencia de Seguridad Federal, condenado en la causa por los crímenes en el circuito de centros clandestinos Atlético, Banco y El Olimpo.

5) Alejandro Guillermo Duret, oficial de inteligencia del Grupo de Artillería Blindada de Azul, condenado por la desaparición del abogado Carlos Labolita.

6) Jorge Alberto Fariña, jefe de Actividades Especiales de Inteligencia del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, condenado en diferentes causas.

7) Horacio Losito, oficial del Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, condenado en la causa que investigó los crímenes de esa unidad militar y en la de la Masacre de Margarita Belén.

8) Honorio Carlos Martínez Ruiz, agente civil inorgánico de la SIDE, condenado por crímenes en el centro clandestino Automotores Orletti.

9) Eduardo Rodolfo Cabanillas, jefe de la División Operaciones Tácticas I de la SIDE, también condenado por crímenes en Orletti.

10) Carlos Gallone, oficial de la Superintendencia de Seguridad Federal, condenado por la Masacre de Fátima.

11) Juan Antonio Azic, integrante del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA, condenado en diferentes causas.

12) Miguel Osvaldo Etchecolatz, director general de Investigaciones de la Policía bonaerense, condenado en diferentes causas.

 

Revés para los marinos de la ESMA

El 28 de agosto pasado, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el privilegio del “2x1” para Alfredo Astiz y el resto de los condenados que integraron la patota de la ESMA durante el terrorismo de Estado.

La Sala II del máximo tribunal penal del país reafirmó su jurisprudencia de no aplicación del beneficio para crímenes de lesa humanidad.

Los jueces Alejandro W. Slokar, Angela Ledesma y Carlos A. Mahiques, por mayoría, resolvió desestimar los recursos de casación de las defensas de Alfredo Ignacio Astiz, Antonio Pernías, Jorge Carlos Rádice, Ricardo Miguel Cavallo, Adolfo Miguel Donda, Ernesto Frimón Weber, Juan Carlos Fotea, Carlos Octavio Capdevila y Juan Antonio Azic, interpuestos contra la desestimación de aplicar el cómputo de pena privilegiado del artículo 7 de la ley Nº 24.390, más conocida como la regla del “2x1”.

En su voto, el juez Alejandro W. Slokar, quien lideró el acuerdo, remarcó el irrenunciable compromiso asumido por el Estado argentino de sancionar adecuadamente las graves violaciones a los derechos humanos.

Slokar, ex presidente de la Casación Penal, consideró que “del mismo modo en que los crímenes de esta laya resultan imprescriptibles, no pasibles de indulto ni amnistía, tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta”.

De concederse algún beneficio “se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad que se ha desandado paulatinamente durante los últimos veinte años a partir de la incorporación de los tratados de Derechos Humanos al bloque de constitucionalidad y, especialmente, ante la reapertura de estos procesos, originados en una respuesta legislativa y jurisdiccional, tardía, pero concluyente”.

La posición de Mahiques, vinculado al macrismo –especialmente al sector del operador judicial Daniel “Tano” Angelici-, quien respaldó la postura de Slokar, fue todo un mensaje sobre los deseos del Gobierno de apagar el fuego que provocó el fallo de la Corte.

Acaso, el reclamo nacional e internacional por la aparición con vida  de Santiago Maldonado –desaparecido el 1º de agosto tras un operativo de Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen, Chubut-condicionó el posicionamiento de Cambiemos en esta compleja trama político-judicial.

Se trata de un indicio más de que el fallo de la Corte para rectificar su posición sería inminente.

 

El dique de los Tribunales Inferiores

El “fallo Muiña”, con el que la Corte benefició a los represores de la última dictadura cívico-militar, provocó una rebelión en los tribunales inferiores de todo el país.

Los juzgados, tribunales y fiscalías que se expresaron sobre el tema desde el 5 de mayo en adelante –dos días después de dictada la escandalosa sentencia del Alto Tribunal- se transformaron junto a la respuesta masiva de la sociedad y los organismos de DD.HH. en un dique de contención jurídico y político que desembocó en que la Corte se viera obligada a rever su postura.

¿Por qué aún no lo hizo? ¿Los ministros cortesanos están esperando el resultado electoral de octubre para fallar? ¿A qué se debe tanta demora?

Se dejó correr el rumor de que la votación “reparatoria” saldría 4 a 1 y se conocería en agosto. Lo cierto es que se llegó hasta mitad de septiembre y no hubo respuesta del máximo tribunal del país. 

Por el contrario, la reacción de los tribunales inferiores se dio en cadena, fue casi unánime y dejó a la Corte sin mucho margen de maniobra.

El primero en “sublevarse” fue el Tribunal Oral Federal (TOF) N°5 de la Capital Federal.

Los jueces Adriana Palliotti, Ángel Nardiello y Oscar Hergott resaltaron que la sentencia del Tribunal Superior sienta jurisprudencia pero no genera obligaciones para los tribunales inferiores. Por eso, rechazaron la solicitud que realizó el coronel retirado, Héctor Giribone, condenado a ocho años de prisión por el robo y ocultamiento de la identidad del hijo de desaparecidos, Pablo Javier Gaona Miranda.

En Tucumán, amparados en la decisión de los supremos, 43 represores pidieron el beneficio del “2x1”. Se trató, prácticamente, de todos los condenados por delitos de lesa humanidad de la provincia que están vivos.

El 11 de mayo, un día después de la gran movilización popular en contra del fallo, el TOF N°1 de aquella jurisdicción rechazó la solicitud de “excarcelación” de uno de esos genocidas, Carlos Eduardo Trucco. Si bien no resolvió el planteo del resto de los represores, sentó el precedente.

¿Qué sostuvo? Que aplicar el “2x1” a los genocidas como la ley más benigna equivaldría a "una amnistía y una prescripción camuflada". “Y eso este Tribunal no lo puede hacer, porque es inconstitucional e inconvencional, esto es, atenta contra la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico”, afirmaron los jueces.

Con posturas similares se manifestaron el TOF de Salta, el TOF Nº1 de La Plata, el TOF N°6 de la Capital Federal, el TOF N°1 de Mendoza, el TOF N°1 de San Juan, el TOF N°1 de  Córdoba y el Juzgado Criminal y Correccional Nº 2 de la Capital Federal, entre otros. Cada una de sus decisiones fue respaldada por los representantes del Ministerio Público Fiscal.

La Procuración tuvo un rol central en este proceso: expresó una posición unánime de rechazo y exigió la inconstitucionalidad de la medida.

En el marco de la rebelión generalizada, uno de los pocos casos que desentonó ocurrió en Bahía Blanca y tuvo por protagonista al magistrado Walter López da Silva.

Para otorgarle el beneficio de la domiciliaria al represor Osvaldo Pallero, quien no había reclamado el “2x1”, el juez se valió en un pasaje de su resolución del fallo de la Corte.

Se trató de un abordaje “tangencial” de la sentencia suprema ya que no fue el fondo de la cuestión. La razón central que esgrimió  López da Silva para enviar a Pallero a su casa fue su supuesto delicado estado de salud.

Como no había necesidad por parte del juez de Bahía Blanca de referirse al tema del “2x1”, su decisión alertó a los organismos de DD.HH.

 

 

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