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Entrevista a Adolfo Villatte fiscal general de Rosario

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“CADA PEQUEÑO AVANCE EN LOS JUICIOS AYUDA A RECONSTRUIR LA MEMORIA”

El 20 de marzo de 1975 el ministro del interior Alberto Rocamora denunció un ‘complot subversivo destinado a paralizar el cordón industrial del Paraná’. La consecuencia inmediata fue la invasión armada sobre esta ciudad del sur santafesino para mandar a la cárcel a cuanto directivo, comisión interna o delegado de base cayera en la redada. En un aspecto lo de Villa fue una especie de ensayo de lo que sobrevendría un año después a escala nacional”, sostiene Victorio Paulón en su libro  “Una larga huelga. Historia de metalúrgicos”. Adolfo Villatte es fiscal general y desde febrero del año 2016 está a cargo de la unidad que en la jurisdicción de Rosario investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en la zona durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, lo cual implica un universo de causas correspondientes al  período `76-`83,  pero también las que sucedieron inmediatamente antes cuando, a partir de los indicios que él y su equipo  fueron hallando, fue posible establecer que el plan sistemático y generalizado de exterminio se venía gestando desde mucho antes del 24 de marzo de 1976.

 Fiscal General Adolfo Villante


¿En qué etapa del proceso judicial  intervienen ustedes?

En la  de instrucción de las causas.  Una vez finalizada esa instancia se realizan los  juicios orales públicos con los que culmina ese proceso de recuperación de la verdad de lo que acaeció en aquellos momentos.

¿Por qué deciden investigar a civiles, empresarios, además de a los miembros de las fuerzas de seguridad?

Estamos investigando los hechos que se fueron produciendo desde mediados de 1974 en la ciudad de Villa Constitución que fueron conocidos  como “El Villazo”.  Se trataba de una dura batalla sindical que libró la lista Marrón de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) contra  la burocracia sindical  encabezada entonces en el orden nacional por  Lorenzo Miguel. A partir de los logros que se fueron verificando y el ruido que se generaba en las patronales de la industria, se dio una confluencia de intereses para impedir que esa rebelión se multiplicara. Así, en marzo de 1975 comenzó una gigantesca operación represiva que se extendió a toda la población. El plan de lucha iniciado por la Marrón, afectaba al conjunto de empresas de la zona, entre las que sobresalía por su importancia Acindar, cuyo presidente era José Alfredo Martínez de Hoz. El operativo se constituyó en un banco de prueba de los mecanismos represivos disciplinadores que se irían sucediendo y en el que jugaban un rol importante los elementos parapoliciales. Los directivos de Acindar tenían en la mira constituir un oligopolio que concentrara las distintas etapas de la producción de acero en el país.


¿Cuáles eran las reivindicaciones de los sindicalistas combativos?

Entre otras, disponer de un servicio de salud en la misma ciudad de Villa Constitución, porque si sufrían algún accidente en el trabajo debían ser trasladados a Rosario, la provisión por parte de la empresa de los elementos de seguridad necesarios, la revisión de los horarios y los turnos, la mejora de las condiciones de trabajo dentro de la planta. Eran exigencias básicas, pero requerían de instancias de lucha para su consecución y esto fue lo que produjo la reacción de los afectados. Había fundadas versiones de que los directivos de Acindar habían participado directamente de la represión, pero lo que teníamos que buscar eran las formas concretas de esa intervención, porque en el derecho penal no es posible basarse solo en rumores, hay que buscar elementos de prueba que confirmen que aquello que se sospecha efectivamente ocurrió. A que ello sucediera contribuyeron la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la Fundación Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), el Programa Verdad y Justicia y otros. Este conjunto de entidades oficiales y privadas elaboraron un documento titulado  “Informe de responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad” basado en un relevamiento de 25 empresas de todo el país con el fin de establecer cuáles eran los factores que evidenciaban alguna forma de complicidad con la represión.

¿El caso de Acindar puede considerarse un paradigma?

En efecto, allí se detectaron  comportamientos que confirmaban las acusaciones que circulaban. Por ejemplo, en un lugar conocido como “albergue de solteros” se había constituido un Centro Clandestino de Detención al que eran trasladadas las personas secuestradas por su actividad sindical o social y allí se las sometía a torturas.  Además,  Acindar abonaba un sobresueldo a integrantes de las fuerzas de seguridad que actuaban dentro de la planta. Eso está registrado y hay testigos que lo corroboraron. También se brindaba servicio mecánico a los móviles de esas fuerzas y se les facilitaron vehículos que pertenecían a la compañía. Se verificó, asimismo que se aportaron legajos de los trabajadores donde constaban sus datos personales, domicilio,  fotografía y todos los datos conducentes al éxito de los secuestros.

Se estima que unos mil efectivos ingresaron a la ciudad en una caravana de automóviles y si no hubiese sido por ese aporte se les hubiera dificultado concretar sus planes. De hecho,  tenemos la sospecha casi confirmada de que en muchos casos se detenía a homónimos porque las fuerzas que actuaban no conocían a la gente del lugar. En las propias puertas de la planta había efectivos con listados que, entendemos, fueron provistos por la propia empresa, y que permitían la detención ilegal de trabajadores y el registro de los casilleros de los vestuarios. En otro caso, el de la fábrica de electrodomésticos  Villber, encontramos evidencias en los archivos  de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) que incluían material producido por la  “comunidad de inteligencia”, que  se conformó  para recibir toda la información  producida por las distintas fuerzas de seguridad, y permitía que hubiera un análisis único y centralizado. Allí se halló una nota en la cual consta que el Presidente del directorio de Vilber, donde trabajaba  Paulón, solicita la intervención de las fuerzas ya que el conflicto laboral en la fábrica se le había ido de las manos.

Pero la empresa paradigmática es Acindar por todo esto y porque su presidente era José Alfredo Martínez de Hoz  quien, al ser designado Ministro de Economía por Rafael Videla, es reemplazado al frente de la empresa  por Alcides López Aufranc,  un militar emblemático de lo que fue la dictadura militar.

 Hay otra cuestión que la causa de Acindar nos permite  ver, y es que la represión no solo se fundaba en razones ideológicas. Si bien desde lo discursivo y en lo que reflejaban los medios se trataba de impedir el supuesto avance de la izquierda que,  supondría riesgos para la democracia y la República había motivaciones económicas a menudo invisibilizadas: la imposición de un modelo económico neoliberal dictado por las grandes corporaciones.

 Hace poco me crucé con un libro donde se sostiene que cuando sucede el golpe militar los ministerios son ocupados por CEOs de las grandes empresas,  algo no muy distinto de lo que estamos viendo actualmente.  Lo que me interesa es  exponer en una causa judicial, que generalmente se circunscribe a secuestros, a tormentos, a homicidios  -una serie de delitos que tienen que ver más con las personas directamente- , los elementos que abonen una mirada que vaya más allá y que tenga como un aspecto central al movimiento obrero.  Hay mucho de historiográfico en ello. Esperemos poder hacerlo.

 

¿Cúal es la situación de la  causa en este momento?

El 20 de marzo, aprovechando el aniversario de la represión al movimiento sindical,  presentamos un pedido de 102 indagatorias vinculadas a alrededor de ochenta casos, que no comprenden los de todas las víctimas, ya que trabajamos con los que en principio teníamos mejor probados,  para después en una segunda tanda presentar los restantes. Nos quedaron 102 posibles imputados porque  hicimos una selección en base a las menciones  de los testigos y las actuaciones judiciales. Estamos haciendo una tarea que nunca se había llevado a cabo y  la comenzamos por invitación de la Secretaría de Derechos Humanos de  Santa Fe que ya la había iniciado: un relevamiento del archivo de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Allí estamos hallando nutrido material, por ejemplo, causas por la ley 20 840, que se conformaban para blanquear los secuestros. Eran causas inventadas en las cuales se daba cuenta de la supuesta comisión de delitos por parte de quienes habían sido secuestrados,  y  que pasaban así a la condición de detenidos, lo cual quedaba documentado en expedientes donde constaba la intervención de fuerzas de seguridad. Buscamos ahora cuál fue la fuerza que intervino y que persona concreta dirigió el operativo para poder imputarla.

De ese total  ¿cuántos eran efectivos de la fuerza de seguridad y cuántos civiles?

No tengo el número exacto pero creo que son alrededor de diez civiles, los que quedan vivos del directorio de Acindar, el jefe de personal y  su ladero  y quienes habían intervenido después como interventores de la UOM,  porque también tenemos un caso documentado de quien dice haber sido torturado dentro de la sede del gremio, lo que motivó que también pidiéramos la indagatoria de esta persona. El problema es que estamos limitados porque muchos que podrían estar siendo imputados fallecieron, al igual que los ministros de esa época.

¿Cuál fue el aporte a la causa de los sindicalistas que sobrevivieron y que participaron en el Villazo?

Fundamental.  Ya en aquel momento histórico se puede ver la clase de personas que eran, en el sentido de que habían planteado una lucha fuerte contra intereses muy poderosos. Cuando se detuvo a toda la Comisión interna de Acindar se creó el Comité de lucha, dentro de la cual estaban Alberto Piccinini, Paulón, Zenón Sánchez, que son como los bastiones de la lucha de aquel momento pero son los que también después siguieron bregando para que los hechos  fueran bien conocidos.

En Villa Constitución  hay sentimientos encontrados de parte de la gente de la ciudad porque muchos  dicen que de eso no se habla allí, pero a la vez señalan que es algo que está presente todo el tiempo. Venimos planteando  que llevar adelante esta causa y lograr que llegue a juicio oral  puede demandar un tiempo razonable por distintos motivos, todavía no sabemos si van a hacer lugar al pedido de indagatoria, incluso nos podrían llegar a decir que no y entonces veremos, pero somos conscientes de que va a llevar mucho tiempo llegar hasta juicio y seguramente el camino, a medida que avancemos, no va a ser nada sencillo. Hasta ahora no podemos decir que se nos hayan puesto obstáculos pero vamos a ver cómo siguen las cosas.

 Hay una convicción tanto de parte de los querellantes, como de la misma gente de la UOM  y  es que no tenemos que pensar que el único objetivo de esta investigación es el juicio, sino que son fundamentales para la reconstrucción de la memoria todos los pasos que se den hasta llegar a esta meta. Cada testimonial que se tome tiene que ser puesta en valor, comunicada, hay que buscar por todos los medios posibles  que la sociedad villense  sepa que ese día declaró una determinada persona que desempeño un papel en la defensa de los derechos sindicales y que por eso fue objeto de represión por parte del Estado.  

¿En la etapa de instrucción o en el juicio oral?

En la etapa de instrucción, y esto es una idea que surgió de una charla con Carolina Varsky que integra el Ministerio Público Fiscal. Observábamos que en este momento los tiempos políticos no son los más favorables para las causas de lesa humanidad.   No se puede afirmar tajantemente que los tribunales estén operando contra del avance de las causas,  porque lo cierto es que se están fijando fechas para nuevos juicios y las audiencias continúan aunque  con más demoras. Pero también es cierto que se está recurriendo a jueces de otras jurisdicciones, lo  que complica considerablemente el avance de los juicios. Teniendo en cuenta esta realidad,  nos parecía importante que la reivindicación no tuviera que esperar a que se produjera una sentencia judicial, sino que era imperioso buscar por todos los medios el  avance del proceso y cada pequeño descubrimiento de la verdad debería ser puesta en valor en ese momento y no en el juicio. Todos sabemos que una sentencia judicial  declara una verdad jurídica en relación a hechos históricos pero creemos que es importante no esperar a que se arribe a esa instancia, porque se torna cada vez más incierto que se produzca  el  resultado buscado.

Es vital demostrar que quienes declaran han sido victimizados por un proceso genocida y esto es importante porque desde mi punto de vista no se está explicando bien el carácter que tuvo la represión.   Un genocidio es definido como la destrucción total o parcial de un grupo nacional con una intención determinada, y en este caso se perseguía a aquellos que de alguna manera atentaban contra lo que se denominaba “el ser nacional”. De eso, o de algo parecido, hablaba Díaz Bessone cuando elaboró un plan que buscaba redefinir la “identidad nacional”.   

Tal vez por eso a la dictadura se la denominó Proceso de Reorganización Nacional…

Claro. Entonces cada persona que se enfrentaba a ese Proceso de Reorganización Nacional se convertía en una víctima, porque era un estorbo para el modelo económico que se pretendía implantar.  Pensamos que de algún modo las prácticas de la reconstrucción de la memoria fueron absorbidas por las lógicas judiciales. La reconstrucción de la memoria se produce permanentemente, por el solo hecho de recordar algo.  Esto se produce en el marco de procesos judiciales y nosotros somos abogados en algún sentido muy estructurados,  porque estamos siempre pensando en qué va a servir o no  como prueba, en que la instrucción es la construcción de nuestro objetivo: el juicio. No terminamos de asignarle el enorme valor que tiene a cada pequeño avance que se produce ante un tribunal.

Cada testimonio debería ser una fiesta porque  está deshaciendo una historia falsa y ayuda a poner las cosas en su lugar. Y eso, creo, es la faz más política del proceso. Hay algo de lo que no se habla demasiado, para mí toda actividad judicial es una actividad política, no en el sentido partidario, sino en el de que procesos como estos tienen que ver con el sostenimiento del estado de derecho. Y esa faz política del proceso no es suficientemente valorada, lo cual implica que es necesario un cambio de mentalidad en los funcionarios judiciales.  Porque si  un fiscal o un juez no se siente cercano a la política de memoria, verdad y justicia tampoco va a valorizarlo como es debido.

¿Cuál es el desafío que estas cuestiones plantean a los sindicalistas jóvenes?

Creo que los jóvenes trabajadores no han tenido la oportunidad de participar  de luchas de la intensidad que tuvieron aquellas que se dieron en El Villazo en una época tan desfavorable para el movimiento obrero, porque lo cierto es que las víctimas principales de la represión del aparato desaparecedor de la dictadura fueron los trabajadores. Entonces, no sé si tienen una real comprensión de que muchas de las conquistas de las que disfrutan son el resultado de grandes sacrificios de muchos de los que los precedieron, sacrificios en términos de vidas, de libertades. Y entonces, cuando renace la necesidad de defender esos derechos, parece resurgir esa chispa y aflora el espíritu de lucha.  Lo que yo hablaba con la gente de la UOM, que va a constituirse en querellante en la causa de Villa Constitución, es que me parecía muy importante transmitir a los trabajadores de hoy el ejemplo que significan aquellos que hoy son testigos porque fueron víctimas. Hace poco tuve la oportunidad, el orgullo de que me invitaran a una charla con Estela de Carlotto y el título era “42 años de lucha” y yo recordé un texto de un filósofo del derecho, Rudolf Von Ihering, “La lucha por el derecho”, donde dice que se trata de  una lucha permanente.  La sociedad es algo dinámico, donde existen intereses que pugnan porque esos derechos no se materialicen. Hay gente que tiene interés en que no existan porque les molestan, y  una prueba cabal de ello es lo que pasó en Villa Constitución. Había una lucha por el derecho de los trabajadores que fue brutalmente reprimida y esa represión se potenció con la dictadura militar. Es necesario que los trabajadores no se piensen a si mismos como individualidades porque muchas veces hace falta mostrar el valor colectivo que tiene la capacidad de condicionar la forma en que se dan las lógicas de producción: quien gana más y quien gana menos en el reparto de la riqueza.  Además, debe existir la conciencia de que van a tener que volver a luchar. En esta charla con la gente de la UOM de Villa Constitución, que son muy jóvenes  -alrededor de 35 años- surgió  la experiencia  en Rosario, del Sindicato de Luz y Fuerza, donde de alguna manera está sucediendo eso. Su secretario general regional, está programando actividades recreativas,  pero antes creó una instancia de formación, para recordarles a los trabajadores jóvenes que deben asumir la responsabilidad de luchar por sus derechos, no a título individual sino colectivo porque es necesario apuntalar la solidaridad.  

En relación a los juicios  ¿cuál debería ser la participación de los sindicatos?

No conozco bien el tema, pero he notado muy poco compromiso, sobre todo porque las víctimas eran trabajadores. Incluso ha habido casos en los que un sindicato se ha negado a constituirse en querellante. Por eso cuando me llama  Paulón, uno de los principales dirigentes de la seccional Villa Constitución de la UOM, para anunciarme que habían decidido asumir ese papel, me pareció un notición.  Cuando cambió el Gobierno Nacional empezamos a analizar cómo darle más proyección a todo lo atinente a derechos humanos. Lo primero que pensé fue en involucrar más  a los sindicatos. Porque en esta coyuntura tan desfavorable es importante sumar masa crítica. Me pareció un camino correcto  porque significa un respaldo para la procuradora. Se trataba de visibilizar que esto no es una casualidad, que hay toda una política detrás y que no son procesos que se dieron naturalmente sino que fueron impulsados por una decisión política de otorgarle recursos a una determinada área del Ministerio Público Fiscal. Nunca, en mis 32 años de carrera judicial nunca vi a alguien que haya puesto en práctica políticas tan claras de defensa del estado de derecho como la procuradora Alejandra Gils Carbó.

 

 

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