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“La CNU en el banquillo”

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La Concentración Nacional Universitaria, que protagonizó decenas de secuestros y asesinatos antes del golpe de Estado, fue denunciada hace décadas pero sólo en Mar del Plata hubo un juicio significativo. En La Plata rinde cuentas su líder, Carlos “El Indio” Castillo, mientras sigue impune la mayor parte de la banda.

 

Desde 1974 hasta poco después del golpe de Estado miembros de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) protagonizaron secuestros y asesinatos amparados en la impunidad que les garantizaban la policía bonaerense, las fuerzas armadas y la ocupación de puestos claves en el poder provincial. A más de cuarenta años de esos crímenes, sólo en Mar del Plata se logró condenar a ideólogos y ejecutores, incluido el fiscal federal que paralizaba las causas, Gustavo Demarchi. En La Plata se está juzgando por primera vez al líder de la banda, Carlos “El Indio” Castillo, y a uno de sus lugartenientes, Juan José “Pipi” Pomares, aunque sigue impune la mayor parte de la patota. La articulación de la CNU con la Triple A de Bahía Blanca, denunciada en 1984, no derivó hasta ahora en imputaciones penales.

La CNU nació en 1967 en el Instituto Cardenal Cisneros de La Plata, conducido por Carlos Disandro, y se nutrió en sus orígenes con militantes del Movimiento Nacionalista Tacuara y la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, reconstruyeron los periodistas Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal en su libro “La CNU. El terrorismo de Estado antes del golpe”. En agosto de 1971 tuvo su lanzamiento oficial en Mar del Plata con la presencia del sindicalista José Ignacio Rucci y en diciembre saltó a la fama cuando una patota encabezada por los policías Héctor Oscar Corres y Juan Carlos Gómez entró a los tiros en una asamblea en la Universidad provincial y mató a la estudiante Silvia Filler. Todavía sin cobertura judicial, varios de los responsables estuvieron presos hasta mayo de 1973, cuando salieron libres por la amnistía del presidente Héctor Cámpora. Al mes siguiente, encabezada por Alejandro Giovenco y Patricio Fernández Rivero, la CNU participó de la masacre de Ezeiza junto a otros grupos de derecha.

Fue en 1974, a partir de la renuncia forzada del gobernador Oscar Bidegain y su reemplazo por el sindicalista de la UOM Victorio Calabró, cuando la CNU logró insertarse en el Estado provincial. Disandro comenzó a dar clases a la Bonaerense sobre “las causas de la violencia” y la incidencia de las “ideologías disolventes”, y sus seguidores se transformaron en un grupo de tareas parapolicial con zonas liberadas para secuestrar y matar. Cecchini y Elizalde Leal relatan la relación de la CNU platense con el oficial principal Julio César Garachico (condenado a prisión perpetua en 2014 por delitos de lesa humanidad) y apuntan los contactos con el Ejército a través del teniente coronel Mario Sila López Osorio, subjefe del Distrito Militar La Plata, y más tarde con el Destacamento de Inteligencia 101, que encabezaba el coronel Alejandro Arias Duval y dependía del coronel Roque Presti.

En noviembre de 1974 el ministro de Educación, Oscar Ivanissevich, intervino la Universidad Nacional de La Plata y designó rector a Pedro Arrigui, quien puso al proyecto de Universidad Nacional y Popular, denunció la “ingeniosa penetración marxista” de quienes lo antecedieron y le abrió las puertas a la CNU para ocupar facultades y colegios dependientes de la UNLP. En Mar del Plata, por decreto de Isabel Perón, Demarchi fue designado fiscal federal y nombró como ayudante a Eduardo Ullúa, jefe de la CNU local y uno de los procesados por el asesinato de Filler. En paralelo coparon la Universidad provincial, que meses después sería nacionalizada, e iniciaron su “depuración ideológica”. Con Josué Catuogno como rector normalizador, Demarchi asumió como coordinador académico y Eduardo Cincotta como secretario general. Desde esos cargos gestionaron las contrataciones de otros miembros de la banda como “personal de seguridad”, tomando precauciones como no incluir sus fotos en los legajos o falsear sus documentos y direcciones. Un proceso similar protagonizó en Bahía Blanca el interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu, quien contrató como personal de “seguridad y vigilancia” a matones de la Triple A vinculados al Destacamento de Inteligencia 181, que debutaron asesinando al estudiante David Cilleruelo en un pasillo de la UNS.

Justicia en Mar del Plata

El Juicio por la Verdad iniciado en 2000, cuando las leyes de punto final y obediencia debida garantizaban la impunidad de los genocidas, es clave para entender la primera condena a los ex miembros de la CNU de Mar del Plata a fines del año pasado. “Los testigos venían a relatar los horrores sufridos durante la dictadura pero también la persecución y los asesinatos de la CNU”, recordaba años atrás el juez Roberto Falcone. El Tribunal Oral Federal que integró junto con Néstor Parra y Mario Portela recibió cientos de testimonios, desempolvó viejos expedientes, los cruzó con documentos de inteligencia recuperados y en 2008 presentó una instrucción casi completa como denuncia en primera instancia. Los asesinatos de la CNU contaron “con la protección y encubrimiento de las más altas jerarquías militares, policiales y judiciales”, resumió el tribunal.

Encabezados por Demarchi, los imputados presentaron infinitos planteos dilatorios y recusaciones para bloquear el avance de la causa. Cuando la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó el carácter de delitos de lesa humanidad de sus crímenes y el juez Rodolfo Pradas ordenó las detenciones, siete de los civiles acusados se fugaron. Demarchi fue capturado en 2011 en Bogotá, Colombia, desde donde fue extraditado luego de intentar hacerse pasar por “perseguido político”.

A mediados de 2015, con una integración diferente de la que había formulado la denuncia, el TOF marplatense comenzó a juzgar a los ex CNU por asociación ilícita y por ocho asesinatos. Los primeros, el 21 de marzo de 1975, fueron parte del “5x1” para vengar la ejecución de su líder Ernesto Piantoni por un comando montonero. Esa madrugada, un grupo armado que incluyó apoyos provenientes de La Plata encontró a Enrique Elizagaray, referente de la Juventud Universitaria Peronista, en la casa de sus tíos. Lo mataron mientras intentaba escapar y secuestraron a su tío, el militar Jorge Videla, y a sus hijos Jorge y Guillermo, de 16 años. Los tres fueron encontrados poco después, acribillados a balazos. La misma noche secuestraron al cirujano Bernardo Goldemberg, que apareció con 42 heridas de bala. El 25 de abril mataron a Daniel Gasparri y a Jorge Alberto Stoppani. El 9 de mayo secuestraron a la decana de la Facultad de Humanidades y secretaria de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi. Su cadáver fue encontrado cerca de la laguna de Mar Chiquita un día antes del golpe de Estado. La investigación –con Demarchi como fiscal– nunca avanzó.

El 20 de diciembre último, luego de un año y medio de audiencias, el TOF concluyó que los crímenes de la CNU antes y después del golpe de Estado fueron delitos de lesa humanidad y dictó una sentencia que incluyó siete condenas y dos absoluciones. El ex fiscal Demarchi, el militar retirado Fernando Otero y Mario Durquet recibieron penas de prisión perpetua como coautores de los asesinatos de la noche del 5x1 y del secuestro y homicidio de Maggi. Los dos últimos, además, por los homicidios de Stoppani y Gasparri. Demarchi y Durquet fueron condenados como miembros de la asociación ilícita, la misma figura que se aplicó a José Luis Granel (siete años de prisión, aunque se le permitió seguir en libertad hasta la confirmación del fallo), Juan Pedro Asaro (cinco años de prisión, que ya había cumplido en preventiva), Juan Carlos Asaro y Roberto Justel (tres años de prisión en suspenso, por lo que tampoco quedaron detenidos). Raúl Viglizzo y Raúl Rogelio Moleón fueron absueltos, en tanto se declaró extinguida la acción penal respecto de Roberto Coronel y Marcelo Arenaza porque fallecieron.

Para Eduardo Salvador Ullúa la rendición de cuentas ante la justicia comenzó el 27 de abril último, cuando lo detuvieron mientras ingresaba a un departamento porteño. El ex CNU de 64 años estuvo prófugo durante nueve años y fue localizado a partir de una denuncia anónima ante el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia, que ofrecía 500 mil pesos por datos sobre su paradero. Ullúa, que se recibió de abogado mientras cumplía una condena de 17 años de prisión en la causa por narcotráfico conocida como “Operación Langostino”, se negó a declarar en la indagatoria y también a dar los domicilios donde estuvo escondido, para no involucrar a sus cómplices. Un mes después, el juez Santiago Inchausti lo procesó con prisión preventiva en Campo de Mayo.

Mientras en primera instancia avanza lentamente la instrucción de una segunda parte de la causa con los mismos imputados pero por otros casos (los asesinatos de René Arnaldo Izus, Juan Manuel y Ricardo Tortosa, Roberto Sanmartino, Víctor Hugo Kein y Jorge del Arco), el TOF debe fijar fecha para juzgar al ex policía Oscar Héctor Corres. Continúa prófugo, con pedido de captura internacional y recompensa ofrecida por el Estado, Fernando Federico Delgado, que ya había burlado con éxito a la justicia en 1971 tras el asesinato de Filler.

¿Será posible el sur?

Entre agosto de 1974 y abril de 1976 la patota de la CNU de La Plata que comandó “El Indio” Castillo cometió más de sesenta asesinatos según la reconstrucción de Cecchini y Elizalde Leal, que volcaron en un libro las notas publicadas en Miradas al Sur. El puñado de casos que forman parte del juicio que el Tribunal Oral Federal de La Plata conduce desde mayo abarca sólo dos meses de 1976 y en el banquillo hay apenas dos imputados: el segundo es Juan José Pomares, que en democracia se recicló en el Partido Justicialista de La Plata.

Castillo es juzgado por el secuestro y el homicidio de Carlos Antonio Domínguez, secretario general del gremio del turf, y por el secuestro de Roberto Fiandor, vocal del sindicato, que sobrevivió porque logró escaparse del baúl del auto donde lo llevaban para matarlo el 12 de febrero de 1976. Ambos acusados son juzgados por el secuestro y homicidio de Néstor Dinotto y Graciela Martini y el secuestro de otra pareja que sobrevivió porque un miembro de la patota, Patricio Errecarte Pueyrredón, conocía a la familia de la mujer. Fue en la noche del 3 de abril y las víctimas militaban en el peronismo de izquierda. El tercer hecho, el 19 de abril de 1976, es el secuestro y asesinato de Leonardo Miceli, miembro de la comisión interna de una empresa que prestaba servicios en Propulsora Siderúrgica, del Grupo Techint, ocupada desde el golpe de Estado por el Batallón de Infantería de Marina 3. El raid criminal incluyó esa noche a Carlos Satich, compañero de Miceli, y al militante gremial peronista Horacio Urrera, aunque sus casos no forman parte del juicio. Por los delitos contra Miceli sólo se juzga a Castillo. El proceso que encabeza el Tribunal Oral Federal de La Plata podría marcar un quiebre en la impunidad de los ex CNU aunque, de concluir con condenas, seguirá pendiente el juzgamiento de más de medio centenar de asesinatos y, peor aún, de la mayor parte de la banda.

En Bahía Blanca, en tanto, recién en los últimos años se logró avanzar en la imputación de ex miembros de la Triple A local, que encabezaba el diputado y delegado de la CGT, Rodolfo Ponce, aunque el rol específico de la CNU es más difuso. A partir de la acusación de los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, el juez federal Alejo Ramos Padilla procesó en 2015 a los civiles Héctor Chisu, Juan Carlos Curzio, Osvaldo Pallero, Héctor Forcelli y Raúl Aceituno como miembros de una asociación ilícita que cometió 22 asesinatos entre 1974 y 1975. “Satanás” Chisu, igual que su hermano Miguel Angel “El Oso” Chisu, ya fallecido, se integraron luego como personal civil (PCI) al Destacamento de Inteligencia 181, cerebro del Estado terrorista local. Ramos Padilla apuntó al dictar los procesamientos “la interconexión y la estrecha relación” entre la CNU y la patota de Ponce.

El testimonio más detallado sobre la conformación del “Comando CNU Bahía Blanca” lo aportó en 1984 el suboficial retirado Orestes Vaello, que en 1973 había saltado de la CNU al Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Preso por delitos comunes, Vaello declaró ante la Conadep, contó detalles que sólo podían conocer los protagonistas de la represión ilegal aunque un año después, ante las presiones militares, se rectificó y sugirió que su relato lo habían armado miembros de la comisión que presidió Ernesto Sábato.

“Dependía del Destacamento de Inteligencia 181, a su vez dependiente del Cuerpo V”, y su responsable era el “comandante retirado de Gendarmería Guillermo Francisco Correa, que venía de auxiliar al general (Adel) Vilas en Tucumán”, dijo sobre la CNU bahiense. Entre sus integrantes nombró a Antonio Arturo “El Gordo” Mazzotta, a Raúl Leiva, al “Pelado” Justo (agente de inteligencia), a “Urben o Uren, alias Alemán o Jimmy”, al “Turco” (Juan Carlos) Tralamán, al sargento Banchero y a dos miembros de la SIPBA: José Díaz y Ana María “La Turca” Zambró, enviada a infiltrarse entre los estudiantes de la UNS porque estaba “quemada” en La Plata. Mencionó su relación con notorios miembros de la Triple A como Jorge Argibay o Roberto Sañudo y, entre otros militares, recordó a Mario Mancini, nombre de cobertura del suboficial Santiago Cruciani, interrogador del centro clandestino La Escuelita.

Varios de los nombrados en los grupos parapoliciales de Bahía Blanca provenían en realidad de la CNU de La Plata. “El Gordo” Mazzotta es el hermano mayor de David Claudio Mazzotta, alias Feiño. Vaello menciona a “los hermanos Mazzotta” como parte de la banda del “Indio” Castillo. Antonio Arturo Mazzotta integró durante todo 1975 la patota de la UNS contratada por el rumano Tetu, que cobijó al menos a otros tres platenses de la CNU: su hermano David, Juan José Pomares y Guillermo Gustavo Fernández Supera, a quienes les rescindió el contrato días después del golpe de Estado el flamante interventor de la universidad, capitán de navío Raúl González.

En diciembre de 1975 el mayor de los Mazzotta ingresó como agente secreto del Destacamento 181 con el nombre de cobertura “Angel Agustín Maldonado”. Su “aval moral ideológico” lo firmó el mayor Luis Alberto González, segundo jefe del Destacamento y quien avaló a varios asesinos de la Triple A, y el teniente primero Eduardo Andrés Alvarez, quien dio fe de sus “condiciones personales, ideología sustentada, afinidad con las fuerzas armadas y confianza merecida y probada”. Dijo que lo conocía desde 1974 porque “trabajó para el Destacamento en reiteradas oportunidades”, en tareas que no especificó. “Sobresaliente tirador con armas de fuego portátiles”, según su legajo, Mazzotta integró durante toda la dictadura el “Grupo de Actividades Especiales de Inteligencia” del Destacamento 181.

Vaello transmitió a la Conadep el relato del propio Mazzotta sobre el asesinato de Néstor José del Río, militante del gremio de los no docentes de la UNS. El 17 de marzo de 1976 a la madrugada lo arrancaron de su departamento del barrio Comahue, donde vivía con su esposa y sus tres hijos. Mientras lo golpeaban brutalmente para meterlo en un auto, la reacción de los vecinos, que incluyó un disparo, hizo que los secuestradores huyeran. “Por temor a que los hubiera reconocido, Correa pidió autorización al Destacamento para ‘ponerlo’”, le contó Mazzotta al enviado del Batallón 601. El 21 de marzo, pasada la medianoche, Mazzotta, Leiva y Tralamán entraron con ametralladoras al Hospital Municipal, donde Del Río se reponía de los golpes. Obligaron a las enfermeras a indicarles la cama donde dormía y lo mataron de ocho disparos. Por el asesinato sólo fue condenado en 2012 el general Juan Manuel Bayón, entonces jefe de Operaciones del Cuerpo V de Ejército.

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